El senador Karim Bianchi ofició al ministerio de Relaciones Exteriores para solicitar un informe técnico-jurídico urgente sobre el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que el Gobierno argentino presentó ante su Congreso. El parlamentario busca conocer los eventuales efectos que la iniciativa podría tener sobre la soberanía chilena, la libre navegación marítima y las actividades comerciales vinculadas con la región de Magallanes.
La preocupación del senador se produce en medio de la atención generada por el próximo desplazamiento del buque comercial chileno Danstar desde Magallanes hacia las Islas Malvinas. Días atrás, el gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies, calificó como una “preocupación real” las versiones sobre un eventual “evento crítico” asociado al zarpe de la embarcación. Sin embargo, el ministro de Defensa, Fernando Barros, llamó a la prudencia y descartó que existieran antecedentes que justificaran, por ahora, medidas excepcionales como una eventual escolta naval.
En ese contexto, Bianchi cuestionó los alcances del proyecto argentino, que contempla mecanismos de interdicción marítima y sanciones para determinadas conductas, incluyendo facultades para actuar contra embarcaciones consideradas infractoras. El parlamentario sostuvo: “Quiero advertir sobre una situación de enorme gravedad que está desarrollándose al otro lado de nuestra frontera. El gobierno argentino ha presentado un proyecto de ley que contempla la interceptación de embarcaciones, disparos para inutilizarlas e incluso bajo algunas circunstancias excepcionales, hundimiento”.
El senador planteó que la discusión tiene una relación directa con los intereses chilenos debido a la importancia estratégica del Estrecho de Magallanes y a las empresas nacionales que prestan servicios a embarcaciones que se desplazan hacia el Atlántico Sur.
“Quiero ser categórico, ninguna legislación extranjera puede estar por sobre el derecho internacional ni poner en riesgo la seguridad de nuestras tripulaciones ni los intereses de nuestro país. Esto no es un asunto lejano, estamos hablando del Estrecho de Magallanes, de nuestros puertos y de las empresas chilenas que prestan servicios a embarcaciones que operan en el Atlántico Sur”, afirmó.
La controversia se suma a las declaraciones del ministro Barros, quien aseguró que los tratados vigentes garantizan el libre acceso y navegación por el Estrecho de Magallanes y que un barco chileno con productos legales hacia las Malvinas debería poder desplazarse bajo las normas internacionales. “Hay convenios internacionales que establecen ciertas limitaciones a eso y solo en virtud de esas limitaciones se puede consultar, inspeccionar un barco por si lleva elementos prohibidos, por si lleva personas que no lo desean”, señaló el secretario de Estado. Asimismo, Barros sostuvo que no existían antecedentes que hicieran prever una ruptura de las normas de libre navegación.
Frente a este escenario, Bianchi pidió a la Cancillería determinar la compatibilidad de las disposiciones argentinas con la CONVEMAR y otros acuerdos internacionales, además de precisar los mecanismos de protección para tripulaciones y empresas chilenas.
“Por eso he oficiado a nuestra Cancillería, exigiendo el pronunciamiento jurídico urgente sobre los alcances de este proyecto y las garantías para nuestros buques, tripulaciones y empresas”, afirmó. El senador agregó: “Chile y Argentina son países hermanos, pero la buena vecindad exige respeto y no imposiciones ni este tipo de proyectos. Desde Magallanes digo con claridad que las disputas geopolíticas de Argentina no pueden terminar poniendo en riesgo nuestra soberanía, nuestra navegación y el futuro económico de nuestra región”.
