Un tribunal de París ha condenado este jueves a cinco años de cárcel y otros tantos de inhabilitación para cargos públicos al expresidente francés Nicolas Sarkozy por un delito de asociación de malhechores en la causa que juzga los fondos que recibió durante la campaña electoral de 2007 del régimen de Muamar Gadafi.
La presidenta del tribunal ha justificado la sentencia en virtud de la especial "gravedad" de los hechos y de la repercusión social de los mismos, ya que en el momento de los hechos Sarkozy era ya ministro y, por tanto, "responsable de garantizar el respeto de la Constitución y de la independencia nacional".
Sin embargo, para Sarkozy, "lo que ha ocurrido hoy es una gravedad extrema para el Estado de derecho" y para "la confianza (de los ciudadanos) en la justicia", tal como ha expuesto ante los medios a su salida de la sala. "Si quieren que duerma en prisión, dormiré en prisión, pero con la cabeza alta", ha proclamado.
Sarkozy, que ha salido absuelto de tres de los cuatro delitos que se le imputaban, ha esgrimido que ha sido condenado "por haber supuestamente dejado que dos colaboradores tuviesen la idea de financiar ilegalmente la campaña". En este sentido, ha señalado que quienes le "odian" han buscado "humillarlo", pero en realidad "es Francia la que está siendo humillada" con este proceso, en el que ha prometido que seguirá combatiendo para demostrar su "completa inocencia".
Aunque el antiguo mandatario ha sido absuelto de los cargos de corrupción pasiva y de encubrimiento de malversación de fondos públicos, entre otros, la condena dictada contra él garantiza su entrada en prisión independientemente de que presente recurso. Dicho ingreso no será inmediato, puesto que las autoridades le han convocado el 13 de octubre para confirmarle la fecha de inicio del encarcelamiento, según fuentes citadas por Franceinfo.
BANQUILLO CON EXMINISTROS
Los hechos se remontan a un acuerdo suscrito en el año 2005, en virtud del cual la campaña de Sarkozy se benefició de la entrega de 50 millones de euros procedentes de Libia. Teniendo en cuenta todos los cargos que se le imputaban, la Fiscalía había pedido siete años de cárcel, cinco de inhabilitación y 300.000 euros de multa para el expresidente, al que consideraban el cerebro de una trama que también ha llevado al banquillo a los exministros Éric Woerth, Brice Hortefeux y Claude Guéant.
En el caso de Woerth, el extesorero de la campaña electoral ha sido absuelto de los cargos que se le imputaban, aunque para Guéant, exdirector de esa misma campaña, sí se han confirmado varios delitos, entre ellos corrupción pasiva, falsificación y tráfico de influencias, que le han valido una condena de seis años de cárcel que no cumplirá por razones médicas y 250.000 euros de multa. Por su parte, Hortefeux ha sido condenado a dos años de prisión y una multa de 50.000 euros por el delito de asociación de malhechores.
No es el único frente judicial abierto contra Sarkozy, sobre quien ya pesaba una condena en firme por corrupción y tráfico de influencias que le obligaba a llevar una pulsera electrónica para evitar entrar en la cárcel.
La oposición de izquierdas ha citado el último fallo como ejemplo de la corrupción extendida en el seno de la derecha, mientras que la excandidata presidencial de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, ha dejado notar sus propia experiencia para advertir del "gran peligro" que, en su opinión, implica que las penas se ejecuten aunque no sean firmes. En su caso, una sentencia en primera instancia por el desvío de fondos del Parlamento Europeo ha bastado para inhabilitarla políticamente.
Por su parte, el ministro del Interior en funciones y presidente de Los Republicanos, Bruno Retailleau, ha reivindicado en un comunicado lo "mucho" que Sarkozy ha "aportado" a Francia. "Le reitero todo mi apoyo y mi amistad en el reto que atraviesa", ha dicho, confiando en que termine haciendo valer "su inocencia" en futuras fases del proceso judicial.
