“Me llaman como a las 10:30 de la noche, la abuelita de la Agus, llorando, desesperada que a su hijo y a la niña le dispararon en la carretera (…) ahí llegué, abrieron las puertas del ascensor y estaba el papá de la niña, y me dice: la mataron, la mataron”
Camila, madre de Agustina Chacón de 10 años.
Entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2024 fueron asesinados 48 niñas, niños y adolescentes mediante armas de fuego.
La cifra es de la Defensoría de la Niñez, en base a datos de defunción del Ministerio de Salud. El lamentable número de víctimas es el segundo más alto desde el año 2000.
Los mismos datos muestran que gran parte de los crímenes se han cometido en la región Metropolitana y del Biobío.
La subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, advierte que el número de víctimas NNA de homicidio por arma de fuego en 2024 aún debe ser validado y cruzado con varias otras fuentes; pero enfatiza que de todas maneras es una cifra alta.
Aunque todavía falta concretar los datos de 2024, en el “Informe de Homicidios consumados del primer semestre” del Centro para la Prevención de Homicidios y delitos violentos, ya se advertía que los asesinatos de NNA (sin especificar el método de crimen) se habían incrementado en 16 víctimas.
Más allá de lo meramente numérico, se trata de niños que están muriendo. Para Silva estos asesinatos tienen estrecha relación con” el escenario mayor” de agresividad y violencia que vive actualmente el país.
"Por supuesto que tiene relación con el crimen organizado, puede tener relación con narcotráfico y con otros elementos que conocemos que están en el contexto, y que por cierto hay que abordar con distintas políticas".
El diputado Andrés Longton (RN) miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara, coincide en que la causa del aumento de NNA asesinados con armas de fuego se debe a “como ha ingresado el crimen organizado a nuestro país, con tanta fuerza (…) y en ese sentido, creo que eso obviamente aumenta las posibilidades de que niños resulten baleados en distintas balaceras, sobre todo en los barrios más vulnerables de nuestro país”, dice.
Sobre este mismo punto sobre los lugares donde ocurren estas balaceras, el presidente de la Fundación País Seguro, Alejandro Vega, añade que la planificación de la ciudad y la segregación de esta, son factores que colaboran.
“Si esto no se detiene en el corto plazo en el futuro tendremos niños de distintas categorías”, enfatiza.
En la misma línea, el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, asegura que el incremento de NNA asesinados con armas de fuego “no es nada más que la consecuencia de un problema estructural mucho más grave”.
“Tiene que ver con que precisamente en el contexto de la crisis de seguridad, muchas de las medidas que se anuncian para poder poner coto a esta situación son políticas de persecución penal. Sin embargo, creemos que estas medidas no atacan el fondo del asunto que tiene que ver con cómo se aseguran barrios que sean amigables, barrios seguros, escuelas seguras, hogares seguros para los niños y adolescentes, donde no solamente estemos frente a lugares donde no haya violencia, donde no haya droga, ni donde haya generalmente crimen organizado; sino que estamos frente a un desafío que dice relación con cómo se entiende que la única forma de erradicar la violencia contra niños, niñas y adolescentes es mediante una llegada efectiva de la protección social”.
Quesille sostiene que la Defensoría ha alertado sobre las muertes a las distintas autoridades desde 2023, esto es “el gobierno, el Congreso Nacional, los tribunales de justicia”.
“Si uno tuviera que evaluar la situación, yo diría que es compleja. Los avances han sido -yo diría- ineficientes, y eso se comprueba solamente con la cifra”, sentencia el defensor.
Contextos de muerte: la mayoría no estaba cometiendo un delito
Según el trabajo de investigación que ha realizado la Subsecretaría de la Niñez, en Chile los NNA son asesinados en tres contextos: el de violencia intrafamiliar, el delictual y el interpersonal. En los dos últimos las armas de fuego son el principal mecanismo de muerte.
Es importante aclarar que en el contexto delictual el niño o la niña no necesariamente está cometiendo necesariamente un delito, sino que está presente en el escenario; por ejemplo, camina por el lugar donde ocurre una balacera.
Si nos enfocamos en los niños, niñas y adolescentes que han sido asesinados con armas de fuego durante 2024, el defensor de la Niñez Anuar Quesille es tajante al desmitificar que las víctimas estaban involucradas con los delitos cometidos.
“Creo que en esta materia, particularmente de los niños y niñas muertos por armas de fuego, hay que derribar mitos. Que la mayoría de estos niños, niñas y adolescentes hayan fallecido en contextos delictivos -es decir en la situación que provocó la balacera, la bala loca, o cualquier otra circunstancia- no es así”, señala Quesille.
En la misa línea, la Subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, indica que si uno analiza los casos, la mayoría de los niños -aunque pueden estar involucrados en la actividad delictual- no están cometiendo un delito al momento de su muerte.
Pincha en las fotos para ver cada uno de los testimonios.
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Es sábado 31 de agosto y en Villa Confraternidad de San Bernardo la tarde transcurre tranquila, como generalmente pasa. La quietud es solo interrumpida a ratos por las risas y conversaciones que provienen de una casa ubicada en el pasaje Agustín Caballero, que tiene varios globos de colores colgados en la reja de entrada: allí se celebra un cumpleaños de niños.
Pero, a eso de las 19:00 horas todo cambia drásticamente. Un auto con varias personas dentro pasa por la casa donde se celebra la fiesta infantil y dispara alrededor de 50 veces contra los niños.
Las consecuencias son terroríficas: dos hermanos -un niño de 7 años y otro de 13- heridos gravemente producto de las balas, además del padre de la cumpleañera quien también resulta herido.
El niño de 7 años tiene dos balas metidas en su rostro. Los heridos son rápidamente trasladados a un centro asistencial.
La investigación preliminar indicó que delincuentes conocidos en el sector pasaron minutos antes por el lugar y se enfrascaron en una riña; en este escenario el padre de la festejada les solicitó calma debido a la presencia de los niños. Sin embargo, los hombres volvieron con armas y balearon la casa del evento infantil de manera indiscriminada.
Al día siguiente la ministra del Interior, Carolina Tohá, catalogó el hecho como la “banalidad del mal”.
“La naturaleza de este ataque muestra lo deshumanizada que puede llegar a ser la conducta criminal. La historia de cómo se llegó a ese ataque es simplemente la banalidad del mal, como por una pelea menor se pueden tomar medidas de esa naturaleza e ir a atacar a balazos un cumpleaños infantil”, indicó.
Para el alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), la situación tiene un solo nombre: narcoterrorismo.
Con “narcoterrorismo” se refiere a las distintas acciones que ejecutan las bandas en contra de la población, con el mero objetivo de causar miedo.
“Esta actitud de dispararle a niños obviamente genera un precedente para los demás que están observando que si el día de mañana yo hablo o yo hago un comentario, mis hijos se pueden ver dañados; ni siquiera yo, sino que los seres más amados, que en este caso son nuestros niños y niñas”, dice White.
Luego de varias intervenciones médicas, los tres heridos sobrevivieron, pero seguramente las huellas del trauma se mantendrán por años en estas familias.
Niños soldados
El edil relata otra realidad relacionada al crimen de NNA que se vive en San Bernardo, se trata de los llamados “niños soldados”.
En los últimos años los trabajadores municipales han presenciado el aumento sostenido de niños, niñas y adolescentes involucrados en delitos, sobre todo en lo que se refiere a portonazos, turbazos y ajustes de cuentas.
“Es cada vez más habitual ver a menores utilizados como peones o soldados, como se habla en la jerga, que son utilizados para el robo de vehículos y que a cambio ganan un estatus delictual que les permite un reconocimiento”, relata el alcalde.
“Lo que uno observa es que en los sectores más populares esto va incrementándose, a tal punto que hoy día hasta en los colegios públicos y también particulares subvencionados, se está dando esta disputa entre clanes que se encuentran en el interior del colegio”, agrega.
Pero esta realidad no solo se vive en San Bernardo. Marcelo Sánchez de la Fundación San Carlos de Maipo comenta que a nivel nacional “en los últimos años ha aumentado en un 40% la participación de niños y jóvenes en delitos violentos en bandas especializadas de portonazos, encerronas, que es básicamente el flujo de caja al narcotráfico”.
“El narcotráfico, el crimen organizado usa la estrategia de involucrar a los niños en delitos porque estos tienen protección legal, les cargan los delitos más violentos porque saben que van a tener penas menos gravosas y van a salir más rápido. Además, rompen la cohesión social donde operan, porque ningún padre va a cooperar con la autoridad si su hijo está en una banda delictiva”, señala.
Para el alcalde de San Bernardo la única forma de enfrentar este complejo escenario es con un gran acuerdo nacional que cree una política integral que contemple varios factores, desde el incremento de recursos para los territorios y dotación policial hasta el énfasis en el acompañamiento de los sectores populares y la rehabilitación ante las drogas.
“Hace diez años sentir una bala en un territorio generaba preocupación. Hoy día tú le preguntas a alguien y te dice: es algo natural, es algo frecuente”, relata el alcalde de San Bernardo, Christopher White quien recrea las muchas conversaciones que ha tenido con los vecinos de su comuna.
El aumento del poder de fuego en los últimos años es sin duda una causa relevante al pensar en niñas, niños y adolescentes que están muriendo por balas locas, enfrentamientos y otras situaciones que involucran armas.
En medio de este contexto, la política del control de armas se vuelve protagonista.
“Hemos sido críticos a cómo debe realizarse la fiscalización del armamento, no está dando el ancho para el poder de fuego que estamos observando en los territorios (…) el poder de fuego que tienen estos tipos (crimen organizado) hoy día es un rifle de guerra. Hemos visto cuando se han hecho allanamientos y han requisado rifles, granadas de mano, chalecos antibalas, incluso una vez una bazuca”, agrega White.
El ex director de Seguridad Pública y académico de la Universidad de Santiago, Jorge Araya indica que “estamos fallando como país” respecto a las medidas para aplacar el poder de fuego sobre todo de la mano del crimen organizado con armas ilegales.
Por un lado, Araya señala que la ley no está responsabilizando lo suficiente a quienes poseen armas inscritas, puesto que “muchas veces los delincuentes usan palos blancos, gente sin antecedentes para que compren e inscriban un arma y luego la declaran extraviada y con eso se libran de culpa; y en definitiva lo que está pasando es que la están vendiendo a un delincuente”.
Además- indica el experto- “tenemos fallas de control de las fronteras porque la Aduana es un servicio que tiene dos mil funcionarios a nivel nacional y claramente no tiene la capacidad para estar fiscalizando todas las cargas que ingresan al país”.
Por otro lado, “sabemos que si bien nominalmente el control de armas está a cargo de la Dirección General de Movilización Nacional, es Carabineros de Chile quien tiene que hacer la fiscalización y sabemos que Carabineros no tiene la capacidad, porque nos faltan muchos carabineros en el país para las labores de prevención y combate al delito”.
Otra de las medidas que se proponen desde algunos sectores para hacer frente a la crisis de seguridad y los hechos de violencia que se viven a diario – entre los que se cuentan balaceras y enfrentamientos- es la posibilidad de que las Fuerzas Armadas colaboren en ciertas tareas.
El edil de San Bernardo ha manifestado en varias oportunidades que la incorporación de militares en tareas de seguridad es una decisión urgente.
“Lo que yo esperaría, y que es algo que hace más de un año venimos solicitando, es la aplicación de infraestructura crítica, eso significa que en lugares como por ejemplo el Hospital El Pino, que han tenido episodios delictuales, puedan tener una presencia militar que resguarde ese lugar”, indica.
Aclara que con esto no se está solicitando que las “Fuerzas Armadas salgan a perseguir a los delincuentes (…) pero mientras las policías no den abasto para todo lo que hay que hacer, creo que sería de gran ayuda que los militares pudieran colaborar, así como hoy día lo están haciendo los municipios”.
Una opinión parecida tiene el diputado Andrés Longton (RN) miembros de la Comisión de Seguridad de la Cámara: “en ciertos operativos y en ciertos lugares críticos, las Fuerzas Armadas puedan representar un apoyo a las policías, que tengan presencia en determinados barrios; en tecnología, en inteligencia, en vigilancia”.
El diputado además señala que esta medida puede ser aplicada por el Gobierno mediante un estado de excepción con ciertas características y acotado a ciertas situaciones; mientras en el Senado avanza la tramitación del proyecto de Infraestructura Crítica.
“El Gobierno podría diseñar un estado de excepción como ellos estimaran conveniente, es decir que las Fuerzas Armadas solamente ingresen con Carabineros, que apoyen estas labores (…) nosotros (en la región de Valparaíso) lo tuvimos acá a propósito de los incendios y la gente se siente más segura, y el delincuente, el narcotraficante lo piensa dos veces antes de ver a un militar en la calle”, dice Longton.
“Muchos dicen que faltan las reglas de uso de la fuerza, y que las Fuerzas Armadas no tienen un arma intermedia para poder reaccionar, pero resulta que en las calles y en los barrios más críticos se están agarrando a balazos”, sentencia.
“La pérdida de vidas siempre es lamentable. Pero aún más cuando las víctimas son niños, niñas y adolescentes”, dicen a 24Horas desde la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Sostienen que el aumento de NNA asesinados “no es aceptable” y para enfrentar la crisis se ha “desarrollado una estrategia de intervención integral para prevenir y frenar esta tendencia”.
El enfoque de la subsecretaría es principalmente preventivo, es decir, con programas e intervenciones sociales que buscan reducir factores de riesgo y frenar de manera temprana carreras delictuales. En este contexto se están trabajando en tres programas principalmente: Lazos, Comunidad Crece y Previene Violencia.
La Subsecretaría también cuenta con el programa de Apoyo a Víctimas desde el año 2007 para las personas que hayan sufrido de manera directa o indirecta un hecho delictivo violento. Comprende la atención del ámbito psicológico, social y jurídico.
El diputado Andrés Longton (RN) valora varios de las iniciativas que funcionan desde el Estado, pero comenta que falta algo específico para acompañar a los padres, sobre todo de prevención en lugares donde hay más exposición al crimen organizado y al narcotráfico.
“No conozco un programa que aborde el fenómeno de los asesinatos o violencia contra menores que tengan que ver con la delincuencia. El gobierno creo que no ha desarrollado un plan para ello, sí ha desarrollado planes como el Plan Calle Sin Violencia, que tienen que ver como un combate de shock a la delincuencia, pero no tiene que ver directamente con abordar de buena manera la prevención en atención a los asesinatos de menores de edad que están creciendo de manera muy dramática”, indica.
Durante el primer semestre de 2024 la Subsecretaría de la Niñez fue incluida temporalmente en el Gabinete Pro Seguridad en La Moneda. La invitación al equipo de Verónica Silva se concretó después de que se analizaron las estadísticas de homicidio y se concluyó que la tasa de asesinatos en general había dejado de subir, pero los crímenes de los niños, niñas y adolescentes seguían aumentando.
En este contexto la subsecretaría inicio un estudio respecto de las historias de vida de todos aquellos niños, niñas y adolescentes que fueron asesinados en Chile entre 2018 y 2023. El resultado reveló que los niños víctimas de homicidios tenían vivencias en común.
A partir de este estudio se comenzó a trabajar en agosto en una propuesta basada en “alarmas”, las cuales son situaciones o condiciones en las que un niño, niña o adolescente podría sufrir un riesgo de violencia grave o letal.
“Nosotros identificamos intersectorialmente y con las historias de los niños, factores que no siendo necesariamente causales del homicidio, están presentes en los niños que son víctimas, y que por lo tanto no podemos decir que por esta razón los niños mueren, porque no hay cómo asegurar eso; pero son factores que son coincidente, y entonces generamos alarmas”, explica Silva.
La autoridad también señala que el equipo de profesionales que hace este trabajo especializado se mantiene haciendo el análisis psicosocial y de las trayectorias de vida de todos los niños fallecidos en los meses posteriores al estudio inicial; esto para identificar si es que surgen nuevas alarmas. Por ahora se está trabajando en las primeras alarmas, pero se planea que el sistema se implemente por completo durante el año 2025.
El defensor de la Niñez afirma que la propuesta de la subsecretaría es positiva y en general “responde a las necesidades de niños, niñas y adolescentes fallecidos”. Sin embargo, cree que la implementación de este plan tiene un retraso importante. "Podríamos decir que hay un avance en términos de planificación, pero no hay muchos avances en materia de implementación", sostiene.
“Hemos manifestado nuestra preocupación como Defensoría de la Niñez, porque teniendo la herramienta que sin duda va a ayudar, esa herramienta tiene una demora y eso evidentemente perjudica a los niños y niñas que siguen siendo afectados por estas situaciones de violencia”
Quesille también hace un llamado al Congreso a que los temas de niños, niñas y adolescentes sigan en agenda. “Nosotros como Defensoría de la Niñez tenemos una capacidad de ponernos a disposición de las autoridades para poder trabajar, pero quienes tienen que tomar las decisiones a nivel normativo y a nivel de política pública es el Gobierno y es el Parlamento”.
Alejandro Vega de Fundación País Seguro reconoce los esfuerzos que se están haciendo desde las autoridades en materia de seguridad, pero cree que faltan acciones concretas.
“Yo creo que estamos al debe, ni siquiera como gobierno, estamos al debe como país, como sociedad, como Estado. Esto es algo que va a trascender al actual gobierno y al que venga, es un tema transversal”, afirma.
“Cuando hemos tenido los últimos casos, se destruye una familia, se destruye una comunidad escolar, se destruye una comuna; pero también vamos perdiendo una parte de nuestro país, parte de nuestra esencia”, concluye el experto en seguridad.
Créditos
Investigación: Paz Fernández Verdugo y Romina Orellana.
Introducción audiovisual: Cristián Espinoza.
Audiovisuales: José Cubillos, Nicolás Farías y Matías Santibáñez.
Diseño: Natalia García.
Desarrollo: Belén Toro, Francisca Muñoz, José Pino.