Un funcionario de la Dirección de Crédito Prendario (Dicrep) de Iquique, conocida como la “Tía Rica”, estuvo durante nueve meses recibiendo el sueldo completo mientras cumplía prisión preventiva por un delito de abuso sexual contra una menor de edad, tras presentar falsas licencias médicas.
La denuncia fue realizada por el Instituto Chileno de Políticas Públicas, que recibió una alerta ciudadana desde Iquique, donde se reveló que un funcionario de planta de la Dicrep se encontraba recluido desde abril de 2023 y, a pesar de ello, había presentado una serie de licencias médicas que le permitieron seguir percibiendo remuneración como si estuviera activo en su cargo.
Según la información recopilada, el funcionario ingresó a prisión preventiva el 14 de abril de 2023 por el delito de abuso sexual contra una menor de 14 años. Ese mismo día presentó una licencia médica. Luego, entre abril de 2023 y enero de 2024, presentó un total de 11 licencias médicas consecutivas. En ese período, no solo mantuvo su salario, sino que en enero recibió un reajuste, superando el millón y medio de pesos mensuales.
"¿Cómo no tenemos un sistema interconectado que diga que un funcionario público está en prisión preventiva y que no puede acceder a licencias médicas ni permiso administrativo ni nada por el estilo?", cuestionó Humberto García desde el Instituto.
Las licencias fueron emitidas por médicos generales vinculados al sistema público, lo que también despertó sospechas. Desde la Dicrep explicaron que no tenían conocimiento de la situación, ya que el Ministerio Público, en el marco de su investigación secreta, no les informó la detención del funcionario. Fue recién a fines de 2023 cuando el servicio tomó conocimiento del caso, y en enero de 2024, la COMPIN regional las rechazó.
En paralelo, se inició un sumario administrativo en la Dicrep, el cual concluyó con la existencia de faltas graves a la probidad y falsificación de documentos. El funcionario dejó de recibir su sueldo en febrero de 2024. Posteriormente, en mayo, fue condenado por abuso sexual y, en junio, destituido definitivamente de su cargo.
Actualmente, el Ministerio Público abrió una nueva investigación en su contra, esta vez por el presunto delito de fraude al fisco, mientras que la Superintendencia de Seguridad Social fue alertada para investigar a los médicos que emitieron las licencias.
"Nosotros denunciamos a la Superintendencia de Seguridad Social a todos los médicos que emitieron estas licencias médicas, para también investigar quiénes son los emisores que están detrás de esto", afirmó Valeria Céspedes, directora nacional de COMPIN.
El condenado se encuentra recluido en el Centro Penal de Alto Hospicio, donde deberá permanecer al menos hasta agosto de 2026. La justicia ahora deberá determinar cómo logró ejecutar este esquema desde la cárcel y quiénes más podrían estar involucrados.
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