“¿A quién acude una magistrada cuando el acosador es otro juez?” Esa es la pregunta que marcó el inicio de una inédita batalla judicial que terminó con un fallo sin precedentes en Chile: por primera vez, un tribunal laboral reconoció a la Corporación Administrativa del Poder Judicial como empleador, en un caso que involucra denuncias de acoso y maltrato dentro de un tribunal de Rancagua.
El caso estalló en 2020, pero sus raíces se remontan al año 2017, cuando una jueza -aún en ejercicio- denunció haber sido víctima de insinuaciones de carácter sexual, acercamientos indebidos y hostigamiento persistente por parte del entonces magistrado Luis Barría, conocido por su rol en el caso Caval. La situación escaló cuando la jueza enfrentó públicamente a Barría y, tras su rechazo, el acoso se transformó en maltrato laboral.
Lo que en un inicio parecía un conflicto personal, pronto contaminó el ambiente de trabajo. Según el testimonio, al menos tres funcionarios cercanos a Barría se sumaron al hostigamiento, generando un clima laboral tóxico que obligó a la magistrada a tomar una extensa licencia médica.
"Un día, encontraba que ella era la persona más especial del mundo y era parte de la forma en la que la acosaba, y al día siguiente era como el problema de su espacio laboral para todos. Eso, inevitablemente, fue generando además un problema de clima laboral que no era solamente entre ellos dos el asunto, sino que en cómo se generan como crisis de bandos y con mucha hostilidad también en el desarrollo de sus funciones cotidianas", explicó Francisca Millán, abogada de la jueza denunciante.
Pese a que la magistrada buscó ayuda por esta situación, no la recibió: "La Corporación manifestaba, y manifiesta hasta el día de hoy, que ellos solamente hacen una gestión, pero no representan la figura del empleador. Lo que deja a todas las personas del Poder Judicial en esta incertidumbre respecto de a quién me dirijo para ejercer mis derechos", detalló Millán.
La Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) ordenó medidas de mitigación que incluían la intervención del espacio laboral y la separación de los agresores. Sin embargo, la Corporación Administrativa del Poder Judicial, lejos de cumplir plenamente, optó por instrucciones verbales que, según la denunciante, fueron ineficaces.
"Ese es, diría yo, es el incumplimiento más grave del empleador de mi representante, el no tomar las medidas para que eso dejara de suceder", afirmó la abogada.
Tras esto, la jueza interpuso una denuncia en el Segundo Juzgado del Trabajo en contra del Poder Judicial para determinar si esa entidad es la responsable de frenar el maltrato laboral dentro de sus propios tribunales de justicia.
En su fallo, la jueza laboral determinó que el Poder Judicial, a través de su Corporación Administrativa, sí tiene responsabilidades como empleador, lo que marca un punto de inflexión en la defensa de los derechos de los más de 12 mil funcionarios del sistema.
"El primer fallo que hace un reconocimiento judicial a la categoría de empleador, y eso, obviamente, es avanzar en acceso a la justicia paradójicamente para quienes se supone que la proveen", comentó Millán.
A pesar del impacto del fallo, la Corporación presentó un recurso de nulidad, negando nuevamente su rol como empleador y sin señalar quién lo sería en su lugar. Sin embargo, de ratificarse el fallo de la jueza laboral, dicha entidad deberá cumplir con las medidas de mitigación dictadas por la mutual y además podría marcar un precedente para otros casos similares.
Cabe mencionar que hoy son tres las funcionarias que denuncian a Barr´ía por acoso y abuso laboral. Sin embargo, actualmente se mantiene formalizado solo por uno de esos casos y a la espera de juicio oral.
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