Francisca Moya, la actual jefa jurídica de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), se ha convertido en una figura central de controversia en el Gobierno de Gabriel Boric. A pesar de su formación académica y trayectoria, los cuestionamientos sobre su rol en varios episodios políticos han puesto su puesto en la cuerda floja.
¿Quién es Francisca Moya?
Moya es abogada titulada de la Universidad de Chile, con un Master of Laws (LL.M.) de la London School of Economics and Political Science. Su carrera profesional la ha llevado a ocupar diversos cargos en la administración pública, destacándose por su cercanía al Frente Amplio, especialmente al Presidente Gabriel Boric, con quien comparte una amistad desde sus años universitarios. Ambos coincidieron en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, lo que cimentó una relación cercana que perdura hasta hoy.
En 2019, Boric expresó en su cuenta de Instagram su admiración por Moya, destacándola como una de las personas más importantes en su vida.
“Somos amigos hace más de 10 años. Es de las personas más importantes que he tenido la suerte de conocer y la quiero tanto que nunca soy capaz de demostrárselo completamente. Me siento un afortunado de tener cerca a una persona como Francisca Moya Marchi", escribió el Mandatario en aquella ocasión.
Su ascenso en el Gobierno
Francisca Moya asumió su cargo actual en Segpres durante el inicio del Gobierno de Boric, nombrada por el entonces ministro Giorgio Jackson. En su rol como jefa jurídica, es responsable de la redacción técnica de los decretos presidenciales que llevan la firma del Presidente, lo que la coloca en una posición clave dentro del aparato estatal.
Controversias pasadas
Moya no ha estado exenta de controversias. En el arranque del Gobierno, fue señalada como la responsable del borrador que le otorgó urgencia al proyecto de amnistía a los presos del estallido social, una medida que desató una crisis política para La Moneda.
Francisca Moya y su rol en la compra-venta de casa Allende
Hoy, Moya se encuentra nuevamente en el centro de la polémica debido a su implicación en la fallida compra-venta de la casa de Salvador Allende. En la última sesión de la comisión investigadora sobre el caso, Moya defendió su actuación, admitiendo que conocía las inhabilidades que impedían a ciertas figuras políticas suscribir contratos con el Estado.
Sin embargo, comentó que no las advirtió porque no era la misión que se le había encomendado. Por eso, la revisión se limitó solo a "aquellas labores que nos corresponden en este caso en particular, que son aquellas que de hecho nos exige la ley, que es la revisión de la legalidad de los decretos supremos que firma el Presidente de la República y las normas que señala la diputada no están referidas a ese acto particular”.
Frente a estas declaraciones, la bancada de Renovación Nacional envió un requerimiento a la Contraloría, para que se pronuncie por un eventual incumplimiento en sus obligaciones.
"Una de las funciones neurálgicas de la división jurídico-legislativa del ministerio (de Segpres) es la de efectuar la revisión técnico legal y de coherencia global de los Decretos Supremos", señala el texto, según consignó La Tercera.
"En tal contexto, a la Sra. Moya Marchi le tocó la revisión del Decreto Supremo N°38 que autorizó la compraventa y en un cumplimiento al menos negligente de dicha atribución no reparó en el vicio de inconstitucionalidad que aquejaba al acto", aseguraron.
Con estos antecedentes, el órgano contralor deberá pronunciarse sobre una eventual responsabilidad.
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