Diputados cuestionan continuidad de Rabat: "Es una vergüenza real que hoy día su ministro de justicia esté en condición de imputado"

Desde la Fiscalía confirmaron que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, se encuentra en calidad de imputado en el marco de la investigación por presunta prevaricación administrativa, derivada de la rebaja de condenas a autores de delitos sexuales contra menores de edad.

La acción legal fue presentada por los parlamentarios Juan Santana (PS) y Luis Cuello (PC), quienes acusan que la autoridad gubernamental se atribuyó facultades judiciales al emitir actos administrativos contrarios al sentido de la ley.

Frente a la confirmación del organismo querellante, el diputado Juan Santana criticó la permanencia de la autoridad en el gabinete y cuestionó la falta de decisiones del Ejecutivo:

"No tengo memoria en la historia reciente de nuestro país que un ministro de Justicia se encuentre en condición de imputado", señaló Juan Santana.

En este sentido, agregó que "el ministro Rabat se la ganó y se la ganó con creces, entre otras cosas por la decisión que él tomó y que afectó a decenas de familias chilenas que vieron cómo la condena de aquellas personas que fueron autores de crímenes que afectaron gravemente su vida se vio concretada".

"Naturalmente que no solamente para él, no solamente para el Gobierno, sino que para el país en su conjunto, es una vergüenza real que hoy día su ministro de justicia esté en condición de imputado", expuso.

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Por su parte, el diputado Luis Cuello argumentó que la figura penal invocada no exige intencionalidad directa, pues también abarca eventuales negligencias en el ejercicio del cargo público.

"La denuncia que presentamos junto al diputado Santana por el delito de prevaricación administrativa; ese delito puede ser cometido tanto dolosamente como culposamente, es decir, por negligencia. Entonces acá no es necesario que haya sido intencional lo que hizo el ministro, pero sin duda fue así o fue de forma culposa, de forma negligente", explicó.

Agregó que, "él no es un juez, es un ministro de Estado y solamente estaba obligado a una opción que era respetar la ley. La ley es expresa, prohíbe de forma absoluta otorgar una rebaja de condena a personas condenadas por delitos sexuales contra menores, y en consecuencia acá lo que hizo fue arrogarse una facultad de un tribunal. Y eso sin duda es causal para este delito y también es causal de una acusación constitucional".