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Tribunal brasileño confirma debido proceso en detención de Martín de los Santos: se le restringió acceso a celular

El Tribunal Federal de Mato Grosso estableció que se cumplieron los derechos del ciudadano chileno. Sin embargo, este afirma que "entiende que su detención es ilegal".

24 Horas

Viernes 4 de julio de 2025

El Tribunal Federal de Mato Grosso, en una audiencia en el 7.º Juzgado Penal, garantizó los derechos del chileno Martín de Los Santos Lemahnn, detenido en territorio brasileño con fines de extradición a Chile, según una decisión del Supremo Tribunal Federal (STF). 

De los Santos fue detenido el miércoles en Cuiabá, después de cerca de 10 días prófugo. El sujeto es imputado por la agresión al conserje de Vitacura, Guillermo Oyarzún.

La audiencia fue liderada por el juez federal Paulo Cézar Alves Sodré, y estuvieron presentes en la representante del Ministerio Público, Ariella Barbosa Lima, y ​​el defensor público federal, Matheus Figueiredo Alves da Silva.

"Durante la audiencia, el juez explicó a Lemahnn los motivos de su detención, destacando que el objetivo es facilitar su extradición. El detenido declaró que, si bien entiende que su detención es ilegal —alegando tener un hábeas corpus favorable en Chile—, no sufrió malos tratos ni violencia física ni moral, y tuvo acceso a alimentos, agua y a un examen forense", explican en un comunicado.

"Lemahnn declaró que no pudo hablar con sus abogados defensores en Chile e informó que los contactos están guardados en su teléfono celular incautado", indica el documento. De esa forma, y para "garantizar el derecho a una defensa plena", se estableció que policías federales accederían a su celular para localizar el número de sus abogados. 

"El juez determinó restringir el acceso al teléfono, permitiendo únicamente la consulta de contactos y la comunicación con los abogados defensores. Se prohibió cualquier otro tipo de acceso al dispositivo", estableció el tribunal. 

Además, el juez indicó que "el caso se remitiera urgentemente al Supremo Tribunal Federal", ya que él "no tiene competencia para decidir sobre el mantenimiento de la prisión preventiva".

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