La entrega de beneficios de reducción de penas a condenados por delitos graves mantiene abierta la controversia en el ministerio de Justicia, en medio de cuestionamientos por la falta de transparencia sobre los decretos firmados por el actual ministro, Fernando Rabat. Mientras el Gobierno suspendió la tramitación de nuevas solicitudes, todavía no se conoce la nómina completa de beneficiados ni sus actuales condiciones de cumplimiento de condena.
Uno de los casos que salió a la luz es el de César Luis Acuña Luengo, exagente de la Central Nacional de Informaciones (CNI), condenado por el secuestro de cinco detenidos. Según antecedentes a los que accedió 24 Horas, recibió una rebaja de 19 meses de su pena original de 10 años y un día de cárcel.
El segundo caso corresponde a Heraldo Velozo Gallegos, otro condenado por violaciones a los Derechos Humanos vinculado a los mismos hechos que Acuña Luengo. De acuerdo con los antecedentes difundidos, este reo había solicitado una reducción de condena durante el gobierno anterior, pero su petición fue rechazada. Sin embargo, volvió a insistir este año y, en esta oportunidad, el actual subsecretario de Justicia, Luis Silva, presentó argumentos a favor de concederle el beneficio, por lo que podría quedar en libertad.
Respecto a este caso, Ricardo Bravo, abogado del interno, explicó que “hay una cuestión jurídica fundamental que no podemos desconocer, el artículo 2 de la Ley 19.856 establece expresamente que quien demuestra un comportamiento sobresaliente durante el cumplimiento de su condena tiene derecho a una reducción de la pena. Y aquí hay algo todavía más importante: el artículo 17 de esa misma ley establece taxativamente las causales de exclusión, y entre ellas no figura, por sí sola, la circunstancia de haber sido condenado por un crimen de lesa humanidad”.
“Por lo tanto, la Administración no puede incorporar una prohibición que el legislador no estableció. Eso vulneraría el principio de legalidad y transformaría un beneficio legalmente reglado en una decisión discrecional. En el caso de Velozo, se han reconocido 19 meses de reducción por su comportamiento penitenciario. Si cumple los requisitos legales y no concurre ninguna causal de exclusión, corresponde otorgar ese beneficio”, añadió.
El abogado consignó también que “el propio Estatuto de Roma contempla mecanismos de revisión y reducción de penas por crímenes internacionales. Por consiguiente, el derecho internacional no establece una prohibición absoluta de toda reducción de condena. Esto no significa desconocer la gravedad de los delitos ni los derechos de las víctimas. Significa respetar el Estado de derecho. Porque los derechos fundamentales y la aplicación de la ley no pueden depender de quién sea el condenado, de la presión política ni del gobierno de turno. La justicia debe aplicar la ley, incluso cuando hacerlo resulte impopular”.
Cuestionan los decretos firmados por el Ministerio de Justicia
La decisión generó críticas de abogados vinculados a la defensa de las víctimas, quienes cuestionan la forma en que se concedieron los beneficios y la falta de información pública sobre sus fundamentos.
Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, aseguró que esta decisión es un "indulto soterrado", y cuestionó que las medidas se conocieran a través de la prensa, sin que los abogados de las víctimas fueran notificados oportunamente.
A ella se suma el abogado Nelson Caucoto, quien anunció acciones ante instancias internacionales y la presentación de recursos de amparo para resguardar la seguridad de los familiares de las víctimas.
La controversia por las rebajas concedidas durante los dos gobiernos
La polémica también escaló luego de que el vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, comparara los decretos firmados por el actual ministro de Justicia, Fernando Rabat, con otros suscritos por su antecesor, Jaime Gajardo, durante la administración de Gabriel Boric.
Gajardo rechazó que ambos procedimientos fueran equivalentes. Según explicó, los decretos que firmó respondían al cumplimiento de órdenes de la Corte Suprema, mientras que los cuestionados en la actual administración habrían otorgado directamente el beneficio a los condenados.
Justicia suspende nuevas solicitudes
Ante la creciente controversia, el Ministerio de Justicia resolvió suspender la tramitación de nuevas solicitudes de rebaja de condena, mientras se abre la discusión legislativa para abordar la materia.
No obstante, el Gobierno ha señalado que los 59 decretos ya firmados no podrían anularse si se encuentran ejecutoriados, al haber completado su tramitación legal.
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