El exministro de Justicia Jaime Gajardo respondió a las declaraciones del vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, y cuestionó la comparación que realizó entre decretos firmados durante las administraciones de Gabriel Boric y José Antonio Kast para conceder rebajas de condenas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad.
La controversia se produce luego de que Arenas defendiera la actuación del actual Gobierno por la firma de decretos que permitieron rebajas de penas a 56 condenados por este tipo de delitos. El subsecretario sostuvo que ambas administraciones actuaron conforme a la legislación vigente y que el resultado de los procedimientos fue el mismo.
"Aunque no nos guste este tipo de decretos, somos un gobierno que cumple la ley y la Constitución (...) Si revisan la ley, el artículo segundo señala que esto es un derecho, por lo tanto, no puede ser negado por el Ministerio de Justicia", sostuvo.
Sin embargo, Gajardo aseguró que los documentos exhibidos por el vocero no eran equivalentes, ya que, según explicó, el decreto que firmó durante el gobierno anterior se emitió para dar cumplimiento a una resolución de la Corte Suprema.
"Esos decretos no son iguales. Hay un decreto, que es el que firma el actual ministro de Justicia, que entrega inmediatamente, y lo entrega él directamente, un beneficio a un criminal que ha o violado a un niño o que ha abusado sexualmente a ese niño. Y el decreto que mostró, que lleva mi firma, es un decreto por orden o que está cumpliendo una sentencia judicial. Efectivamente, también se tuvo que otorgar el beneficio, pero porque la Corte lo ordenó", explicó.
Gajardo cuestiona suspensión de los decretos
El exsecretario de Estado también se refirió a la decisión del Ministerio de Justicia de suspender la tramitación de estas solicitudes, medida anunciada en medio de la polémica.
A juicio de Gajardo, el ministro Fernando Rabat no tendría facultades para paralizar estos procedimientos y, en cambio, debería rechazar las peticiones de rebaja de condena presentadas por personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
Según explicó, durante los gobiernos de Gabriel Boric y Sebastián Piñera existía un criterio común frente a estas solicitudes: rechazarlas y, si los condenados recurrían a los tribunales, defender esa decisión ante la justicia.
"Lo que él (Rabat) tiene que hacer es rechazar estas solicitudes. Eso es lo que tiene que hacer. Eso es lo que le pide a la ciudadanía. Rechazar las solicitudes y dar la discusión", enfatizó.
Responsabilidad política del Gobierno
Gajardo también apuntó a las consecuencias políticas de la controversia y afirmó que las autoridades deben hacerse cargo de sus decisiones.
“A mi juicio, la responsabilidad política es evidente y, en este país, se tienen que asumir la responsabilidad política”, sostuvo el exministro.
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