El Presidente Gabriel Boric decidió indultar a Katty Hurtado, condenada a 20 años de cárcel por el delito de parricidio. Esto, luego de dar muerte a su exesposo en 2018 tras defenderse de una agresión.
El mandatario otorgó el beneficio carcelario tras presiones del Frente Amplio y movimientos feministas, los que apuntan a que el delito fue cometido en contexto de defensa propia, y que no fue aplicada la perspectiva de género.
Al respecto, la ministra vocera (s) Aisén Etcheverry, reafirmó que "se trata de una mujer que ha estado privada de libertad desde el momento en que confesó el delito en 2018. Katty Hurtado no tiene antecedentes delictivos previos a los hechos que generaron su condena y lleva ya seis años en privación de libertad".
En ese sentido, argumentó que "durante la prevención preventiva, en octubre del 2018, sufrió una violación y agresiones sexuales múltiples por dos hombres. El daño que sufrió por esos graves hechos se encuentra hoy día acreditado y el fisco de Chile fue condenado a indemnizarla. Durante su estadía en el sistema penitenciario, su conducta ha sido calificada como muy buena por la institución a cargo y ha demostrado también conciencia del daño causado. Esto demuestra su progresividad en el cumplimiento de su condena".
"Asimismo, en el mes de septiembre fue trasladada al Centro de Educación y Trabajo, teniendo antecedentes de baja peligrosidad, la conciencia del delito y el bajo nivel de reincidencia delictiva. Además, nos gustaría señalar que se han recibido informes y recomendaciones de instituciones nacionales e internacionales, como Amnistía Internacional y las expertas de la Convención de Belén de Opará, que han sugerido revisar la modalidad de su sanción, en atención, por supuesto, a la crónica situación de vulneración y daños que ha tenido", argumentó la vocera (s).
Por ello, Etcheverry aseguró que "por estos antecedentes y fundamentos, el presidente de la República ha resuelto otorgar el indulto particular calificado por clemencia con ella y sin que esto implique cuestionar la decisión judicial, sino que con motivo de un acto humanitario".
Por otra parte, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, agregó que: "Este es un caso particular que se evalúa en su mérito y de acuerdo a los antecedentes específicos del caso".
"Efectivamente, hay recomendaciones como de las expertas del mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém-Dópará, pero eso actualmente es materia de un requerimiento ante una instancia internacional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, por lo tanto, aquí lo que se está teniendo en cuenta no es el curso judicial de esta materia sino la convicción en base a los antecedentes del daño causado y la situación actual, además de la buena conducta, de realizar este gesto humanitario", agregó Orellana.