Paulina Zamorano, exjefa del Programa de Derechos Humanos e integrante de la Red de Observadoras en Justicia y Memoria, denunció que ocho condenados por violaciones a los derechos humanos fueron liberados anticipadamente durante el gobierno del Presidente José Antonio Kast.
A través de un comunicado, señaló que hasta marzo los abogados del Programa de Derechos Humanos intervenían en las audiencias en que exagentes de la dictadura solicitaban la libertad o una rebaja de sus condenas. Sin embargo, tras el inicio del gobierno de Kast, el programa dejó de presentar alegatos en gran parte de estas instancias.
En ese sentido, sostuvo que, de las 29 audiencias realizadas en la Corte de Apelaciones por 20 agentes condenados por graves violaciones a los derechos humanos, el programa a cargo del Plan Nacional de Búsqueda no se presentó o desistió formalmente de las acciones que había interpuesto.
Según denunció, esta situación habría permitido la liberación anticipada de cinco condenados por crímenes de lesa humanidad: César Manríquez Bravo, Héctor Osses Yáñez, Luis Palacios Torres, Héctor Flores Vergara y Jaime Müller Avilés.
Asimismo, en otros dos casos, la falta de intervención derivó en la acumulación de las penas de Viviana Ugarte Sandoval y Walter Klug Rivera, lo que podría permitirles salir antes de la cárcel.
"Se trata de una maniobra de impunidad que afecta no sólo a las víctimas y sus familiares, sino que a toda la sociedad. Son estrategias administrativas que se utilizan desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que facilitan y permiten la salida anticipada de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos", señaló Zamorano.
Por otra parte, apuntó a que otros tres condenados que obtuvieron una reducción de sus penas mediante decretos del Ministerio de Justicia. Se trata del excabo de Carabineros Miguel Segundo Arias Navarrete, el exfuncionario de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) Manuel del Carmen Cabezas Pérez y el exagente de la Central Nacional de Informaciones (CNI) César Luis Acuña Luengo. A este último se le concedió una reducción de condena de 19 meses.
"Son salidas por secretaría que comprometen al Estado de Chile por el incumplimiento de tratados internacionales que el mismo Estado ha suscrito. Como organizaciones de derechos humanos lo informamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como ‘indultos pasivos’; ahora queda nuevamente informar acerca de esta nueva estrategia de liberación mediante la reducción de las condenas", concluyó.
