Las comunidades de edificios y condominios deberán transformar la forma en que gestionan la información de sus residentes tras la entrada en vigencia de la Ley 21.719 de Protección de Datos Personales, fijada para el 1 de diciembre.
A partir del 1 de diciembre de 2026, la Ley 21.719 elevará las exigencias para las comunidades y administraciones de edificios respecto del manejo de datos personales. Esto tendrá impacto en cámaras de seguridad, registros de acceso, información de residentes y sistemas de reconocimiento facial.
La normativa establece mayores controles sobre quién puede acceder a los datos, con qué finalidad y durante cuánto tiempo pueden conservarse.
¿Qué prácticas deberán revisar las comunidades?
- Cámaras de seguridad: Deberán definir por cuánto tiempo conservarán las grabaciones, quiénes podrán acceder a ellas y evitar que sean utilizadas para fines distintos de aquellos para los que fueron recopiladas.
- Registros de visitas y accesos: No podrán mantenerse indefinidamente. Cada dato deberá contar con una finalidad justificada y un plazo de conservación definido.
- Compartir grabaciones: Enviar registros de las cámaras por aplicaciones como WhatsApp podría convertirse en una práctica de riesgo para las comunidades.
- Reconocimiento facial: Al tratarse de datos biométricos, son considerados datos sensibles y estarán sujetos a mayores exigencias para su tratamiento.
- Alternativas al reconocimiento facial: Según explica Felipe Maturana, CTO y cofundador de Millacero, deberá existir una alternativa no biométrica, como tarjeta, PIN o llave, para quienes no quieran o no puedan entregar su consentimiento.
- Control de accesos: Las comunidades deberán establecer quién puede acceder a cada información y mantener trazabilidad de esos accesos.
¿Qué deberían hacer los edificios antes de diciembre?
El primer paso es realizar un inventario completo de los datos que maneja cada comunidad:
- ¿Qué información se recolecta?
- ¿Con qué finalidad?
- ¿Dónde se almacena?
- ¿Quién puede acceder?
- Durante cuánto tiempo se conserva.
Además, las comunidades deberán revisar sus contratos con proveedores, capacitar a sus equipos e incorporar herramientas que permitan gestionar consentimientos, accesos y eliminación de información.
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