El presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, faltó este miércoles a la segunda citación para ser interrogado por el equipo especial que investiga su imposición de la ley marcial del pasado 3 de diciembre.
Recordemos que el presidente fue destituido el pasado 14 de diciembre por el Parlamento y se espera dentro de seis meses se decida si debe abandonar su cargo o ser restituido.
De acuerdo a la agencia surcoreana de noticias Yonhap, el asesor legal de Yoon, Seok Dong-hyeon, ya advirtió que era "poco probable" que su cliente acudiese a la cita.
"El presidente cree que el juicio político ante el Tribunal Constitucional debe tener prioridad (frente a las investigaciones criminales), ya que la Asamblea Nacional (Parlamento) ya ha iniciado todo el proceso", insistió el abogado.
Aun así, tanto a Yoon -al que se le ha prohibido salir del país- como a otros miembros de su Gabinete, altos cargos policiales y militares y exmilitares se les está investigando en relación con la declaración del estado de excepción por presuntos delitos de amotinamiento, abuso de poder o insurrección.
Este último es el más grave de los tres y puede suponer el arresto del mandatario, ya que ni siquiera la inmunidad presidencial prevalece en casos de insurrección, un delito que, en lo que respecta a aquellos considerados líderes de un levantamiento, implica cadena perpetua o pena de muerte (sobre la cual existe una moratoria en Corea del Sur desde 1997).
Como antecedente existe el caso de la destituida expresidenta Park Geun-hye: hasta que el Tribunal Constitucional ratificó su cese, no comenzó a ser investigada por la trama de corrupción que condujo a su caída y posterior encarcelamiento.