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Tras el exhaustivo cruce de datos revelado este lunes por Informe Especial, que identificó 720 instituciones del Estado —además de servicios como supermercados, retail y construcción en el mundo privado— entre las que recibieron licencias médicas ideológicamente falsas, asoma también otro rubro que hasta ahora no figuraba en el centro de la polémica: la red de transporte de la capital.
El listado de compradores que compone la carpeta de Fiscalía, en el marco de la investigación a la mafia de facultativos colombianos que vendieron miles de licencias, reveló cifras escandalosas. A nivel macro, según el análisis de IE, en conjunto suman más de 4 millones de días de reposo otorgados (4.197.717). Es decir, 11.500 años. O dicho de otro modo, 115 siglos. Todo ello, en conjunto, generó un perjuicio superior a los $60 mil millones en el Fondo Nacional de Salud (Fonasa).
En específico, desde 2020 a 2022, entre Metro de Santiago y seis de los principales operadores de los buses de Santiago recepcionaron un total de 3.230 documentos de reposo presuntamente fraudulentos de parte de sus trabajadores.
Dicho listado lo encabeza Subus Chile, con 809 licencias en el periodo mencionado; seguido por Buses Vule (759); RedBus Urbano (586); Voy Santiago (297); Buses Metropolitana, más conocidos como Metbus (275); y Servicios de Transporte de Personas Santiago, STP (262).
Por su parte, Metro S.A. suma 242 licencias presentadas por 105 funcionarios.
En efecto, se trata de un problema silencioso que aqueja a uno de los mayores puntos débiles del sistema y que, según especialistas, habría incidido directamente en la calidad del servicio a los pasajeros.
Buses a la cabeza
Para la operación de buses RED, en la capital, hoy por hoy trabajan más de 17 mil conductores. Aún así, la falta de ellos es uno de los principales problemas en todo el país, según explicó a Informe Especial Franco Basso, ingeniero civil y experto en transporte.
"Para alcanzar los indicadores de frecuencia, necesitas tener una cantidad mínima de conductores para operar. Y al estar bajo, es que hay más tiempos de espera", aseguró. En ese sentido, la falta de conductores "se vuelve más crítica si tienen licencia falsa. Tiene tremendo impacto en la operación", recalcó.
De acuerdo a información analizada por IE, casi 3 mil licencias fraudulentas fueron entregadas sólo a los operadores de buses. Un nivel alto de ausentismo considerando el total de choferes del sistema.
Según el ranking elaborado para la investigación multiplataforma de Informe Especial "Megafraude: las licencias de la vergüenza", Subus, Vule, RedBus y Voy Santiago figuran entre los 50 empleadores —públicos y privados— con mayor número de licencias médicas provenientes de esta trama delictual.
Más aún, si se sumaran los seis operadores detectados en el listado, en conjunto llegan a las 2.988 licencias. Es decir, podrían quedar fácilmente en el número uno del ranking, por delante de Sodexo Chile (2.637), Fundación Integra (2.377) o Hiper Lider (2.192).
Al margen, Basso admitió que los conductores sí tienen que lidiar con altos niveles de estrés, fundamentalmente por gente que no paga el pasaje, pero todo este fenómeno se da en un escenario en que hay constantes campañas para atraer a nuevos choferes, con sueldos competitivos que superan el millón de pesos, además de otros beneficios.
Impacto en el sistema
Consultados por IE, desde la Dirección de Transporte Público Metropolitano —entidad que coordina la operación del sistema— declinaron referirse al tema. No obstante, fuentes de la entidad intentaron quitar dramatismo al asunto.
En primer lugar, a contramano de Basso, internamente consideran que el asunto no tiene impacto en los tiempos de espera de los pasajeros, ya que por norma general los conductores son reemplazados cuando se ausentan por licencia médica. Asimismo, creen que tampoco tiene impacto en los costos ni en el valor del pasaje, pese a que se han registrado cinco alzas desde 2023 a la fecha, totalizando $70 en menos de dos años.
El experto Franco Basso, si bien no coincide en lo primero, si concuerda con esto último: "Lo que hace el panel de expertos es verificar la sanidad financiera del sistema. Los ingresos v/s los costos. Si pagan Fonasa o Isapre (las licencias médicas) el costo no debiera ser directo en el sistema".
Con todo, enfatizó que el fenómeno de las licencias médicas "destruye la calidad del servicio", pues simplemente "a veces no hay conductores y no se reemplazan".
Subus a la carga
En ese contexto, Subus —la principal afectada— sí decidió tomar cartas en el asunto a mediados de 2023. En una arremetida inédita en ese entonces, fue de las primeras empresas privadas en salir a enfrentar judicialmente las licencias médicas falsas. Antes de eso, sólo podían impulsar acciones Fonasa y las isapres.
Fue un camino difícil, en el que debieron encontrar un argumento jurídico para demostrar que el asunto les generaba un perjuicio patrimonial. En concreto, dijeron que para ellos el asunto tiene un costo económico importante por el pago de reemplazos y horas extras, que se pagan con recargo.
Julio Toyos Llewellyn, gerente de Asuntos Públicos de Subus, explicó a Informe Especial que en ese momento tomaron la decisión "porque esto tiene una afectación operacional. Nosotros somos una empresa que tiene un giro y prácticamente todo el ingreso nuestro es por una licitación y un contrato con el Estado. Son recursos públicos. Es un sistema regulado. Sentíamos que no podíamos no hacer nada", remarcó.
Según dijo, en términos generales estaban al tanto de la alta cantidad de ausentismo que registraron internamente, particularmente impulsados por los médicos protagonistas del megafraude, razón que los llevó a iniciar las acciones en 2024. En ese sentido, reconoció que "el contexto actual ha hecho que bajen las licencias médicas. Se ha ido masificando el mensaje de que era algo que todos sabíamos, pero nadie hacía nada".
No obstante, enfatizó que no es la única acción que ejecutaron. "Tenemos un área de salud mental y acompañamiento. El ser conductor es un trabajo duro. Puede haber licencias médicas", pero siempre como parte de un derecho bien utilizado. A su parecer, la idea es que "no paguen justos por pecadores".
Con todo, destacó que "ha bajado el piso mínimo de ausentismo. (Las acciones de Subus) han tenido un factor disuasivo, pero no significa que esto se haya acabado".
Malas prácticas
Al margen del impacto directo del fenómeno, Basso apuntó a que hay una falta a la ética. "Cuál es la rigurosidad (de los trabajadores) para realizar el resto de sus quehaceres. Es la misma persona que le estamos entregando una responsabilidad de 100 personas arriba de su bus", recalcó.
"Hemos visto que los conductores tienen una serie de malas prácticas. No son personas con los mejores antecedentes. Hay otro tema de a quién le estamos entregando la responsabilidad", añadió.
Por su parte, ante las consultas de Informe Especial, Metro respondió mediante una declaración pública, en la cual remarcaron que "el proceso de recepción y tramitación de licencias médicas es formal, automatizado y regulado por sistemas externos". En particular, enfatizaron que "la fiscalización y validación de estas licencias recae en la Suceso, Compin, Fonasa e Isapres, según corresponda, así como también la persecución y sanción de las conductas" asociadas.
"Metro no tiene atribuciones para investigar la validez ni cuestionar el origen de las licencias médicas mientras éstas estén aparentemente bien emitidas y validadas por estos organismos. Frente a casos como los que se mencionan, al no existir aún comunicación formal a Metro con antecedentes precisos que los fundamenten, no es posible emitir juicios ni adelantar medidas particulares", señalaron.
Con todo, no se trata del único rubro con un rol protagónico, pues el asunto también golpeó con fuerza al mundo de la salud y educación en todo Chile.
¿Cuánto y cómo impactó este asunto en estos dos sectores claves para todos los chilenos? Todo eso es parte de la próxima entrega sobre el "Licenciagate", que podrás revisar desde este miércoles en la web de Informe Especial.