El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León, tras ser formalizado por fraude al Fisco, tráfico de influencias y falsificación de documentos. La justicia consideró que su libertad representa un peligro para el éxito de la investigación.
Tras analizar las pruebas, el juez Daniel Urrutia concluyó que el parlamentario no solo utilizó recursos públicos para fines personales, sino que diseñó y controló una estructura de financiamiento ilícito para beneficio propio y de su círculo familiar.
El "Call Center" electoral financiado por el Estado
Uno de los puntos más reveladores de la audiencia fue la acreditación de que Lavín León utilizó la estructura del Congreso Nacional para montar una maquinaria electoral privada.
-
Uso de personal: El juez dio por acreditado que al menos siete asesores parlamentarios (entre ellos Domínguez y otros seis funcionarios) recibieron sueldos del Congreso por un total de $68 millones, mientras en realidad realizaban labores de campaña.
-
Maquinaria de datos: Se determinó que Lavín utilizó fondos públicos para desarrollar y gestionar Social Task, una herramienta para construir bases de datos de electores incluso fuera de su distrito.
-
Información Sensible: La investigación de la PDI detectó archivos denominados "Master Servel" (2020, 2022 y 2024) dentro de la plataforma, que contenían nombres, RUT y domicilios de electores a nivel nacional, obtenidos y comercializados de forma irregular.
El esquema de las "Asesorías Fantasma" y Retornos
El tribunal validó la tesis de que el Congreso fue defraudado mediante boletas ideológicamente falsas por servicios nunca prestados.
-
Contrataciones por parentesco: Se expuso el caso de Belén Carrasco (pareja de Arnaldo Domínguez), quien fue contratada como asesora desde 2018 sin cumplir funciones. Los sueldos percibidos (cerca de $14 millones) eran transferidos sistemáticamente a las cuentas personales de Domínguez.
-
Fraude total: Sumando diversas aristas, el juez estimó que Lavín y Domínguez defraudaron al Fisco por al menos $39 millones mediante boletas validadas con la firma del propio exdiputado.
Tráfico de influencias y "Captura" de Maipú
El magistrado fue enfático en la injerencia de Lavín León en la Municipalidad de Maipú, aprovechando su cargo de diputado y su vínculo con la entonces alcaldesa, Cathy Barriga.
-
Red de lealtades: El juez señaló que Lavín influyó en la contratación de cargos críticos y en el despido de 479 funcionarios, buscando "pagar favores políticos" y obtener decisiones favorables para sus intereses.
-
Cohecho e Imprentas: Se acreditó que la imprenta MMG, que trabajó en la campaña de Barriga, se adjudicó posteriormente contratos municipales por $88 millones. En este contexto, Arnaldo Domínguez habría solicitado una "comisión" de $24,5 millones.
Los Fundamentos del Juez: "No son manzanas podridas"
Al justificar la prisión preventiva, el juez Urrutia utilizó conceptos de ciencia política para explicar por qué la libertad de los imputados es un peligro para la sociedad:
"La corrupción no es un problema de manzanas podridas, sino de huertos capturados. El diputado imputado deja de ser un representante de la soberanía popular para convertirse en un agente de captura."
Razones para la prisión preventiva:
-
Peligro para la sociedad: Por la gravedad y reiteración de los delitos (fraude al fisco, tráfico de influencias, cohecho y delitos electorales).
-
Penas efectivas: El magistrado señaló que, de ser condenados, arriesgan penas que superan los 5 o incluso 10 años, sin posibilidad de beneficios alternativos.
-
Red de Corrupción: El tribunal consideró que los imputados formaron una organización que colonizó el aparato estatal para fines privados, lo que constituye macrocriminalidad.
Fiscalía valora prisión preventiva
La Fiscalía de Alta Complejidad Oriente valoró la decisión, confirmando que el tribunal dio por acreditada la participación de ambos en una red que desvió recursos destinados a derechos básicos (salud, educación) hacia intereses particulares.
Plazo de investigación: Se fijaron 120 días para el cierre de la indagatoria, periodo en el cual ambos imputados permanecerán recluidos.
