La Fiscalía Nacional abrió una investigación penal de oficio para esclarecer el paradero de menores de edad de nacionalidad haitiana que ingresaron al país durante el año 2025 bajo la figura de reunificación familiar.
Las pesquisas operativas, lideradas por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, se concentran de forma específica en operaciones aéreas irregulares registradas entre enero y abril de aquel período.
En conversación con Canal 24 Horas, Eugenio Campos, director de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, aseguró que los hechos "son demasiado graves" y que uno de los ejes centrales de la indagatoria apunta al rol que jugaron los organismos contralores de las fronteras aéreas chilenas. El Ministerio Público no descarta que existan redes de funcionarios locales involucrados mediante omisiones voluntarias o retribuciones económicas que facilitaron el paso de los menores sin los debidos controles.
"Hay hechos que revisten carácter de delito, desde el punto de vista de la trata de personas respecto de menores, el involucramiento o no, o la participación o no, de funcionarios públicos, en este caso, chilenos, y respecto del cual, eventualmente, si hay responsabilidades de funcionarios públicos chilenos, en estas circunstancias, pueden ser desde infracciones de deberes propios de su cargo, ya sea por hacer, o dejar de hacer, o haber recibido una dádiva, promesa, o una recompensa económica, por no decir, eventualmente, lo que se conoce como coima", puntualizó.
Entre otras áreas a investigar, el fiscal detalló que también "vamos a tener que indagar el financiamiento de esos vuelos precisamente, de esos pasajes, de cómo obtuvieron dinero para poder viajar desde Haití a Chile, quiénes son las personas responsables".
La Fiscalía ha trazado múltiples cursos de acción que involucran requerimientos urgentes de información a ministerios, subsecretarías y policías, enfocándose de manera primordial en descubrir quién o quiénes proveyeron los fondos económicos para levantar la operación logística aérea: "Vamos a llegar aguas arriba donde tengamos que llegar. El Ministerio Público acá no tiene tapujo alguno respecto a las personas que pueden estar involucradas, sea cual fuere el grado".
Respecto al volumen de menores de edad afectados y que hoy se encuentran en paradero desconocido, el fiscal Campos admitió que el número de casos sería de aproximadamente más de 200 niños.
La Fiscalía confirmó la existencia de indicios graves sobre una falta de control documental absoluto en los vuelos chárter analizados, detectándose el arribo de aeronaves que ni siquiera contaban con la validación de los lazos familiares de los adultos escoltas.
"Los antecedentes que maneja el Ministerio Público el día de hoy dan cuenta de que habría incluso muchos de estos vuelos, o no pocos de estos vuelos, sin listado de pasajeros o sin evidencia de la validación precisamente de adultos acompañantes de niñas, niñas y adolescentes, que son materia precisamente de la indagatoria que el Ministerio Público ha ordenado", agregó.
Sobre la entrega de información y antecedentes, el fiscal aseguró que "entre organismos que tienen que aportar muchos antecedentes" figura el Servicio Nacional de Migraciones, el Servicio de la Subsecretaría de la Niñez, la Policía de Investigaciones de Chile, particularmente con su control migratorio, la DGAC y cualquiera otra institución pública y o privada, que tenga conocimiento de estos hechos que pueden revestir carácter de delito.
