Ximena Muñoz González, una joven con discapacidad, denunció que la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) se negó a aplicar la ley de inclusión 20.422 y realizar ajustes razonables a su modalidad presencial para que ella pueda seguir asistiendo a clases.
En específico, la joven es una estudiante de primer año de Psicología que sufre de atrofia muscular espinal tipo 2, una condición que no le permite asistir seguido a clases y la ha obligado a educarse de manera remota.
"Yo comenté que durante los meses de invierno se me haría imposible asistir de manera presencial a la universidad por mi sistema inmune", explicó.
Asimismo, aseguró que para asistir a la universidad debe hacer uso del furgón municipal de su comuna, lo que limita el tiempo que puede estar en la universidad y las veces que puede ir.
No obstante, pese a que Muñoz informó estas condiciones a la casa de estudios antes de matricularse, solo le permitieron faltar al 50% de las clases presenciales.
"Al mes de estar ya estudiando y llevando mis certámenes online se me informó que mi asistencia estaba demasiado baja", aseveró.
Tras esto, sostuvo que la universidad le recomendó congelar sus estudios para retomar el año siguiente.
"Las autoridades me insistieron en congelar este año y volver el próximo, cosa que no serviría de nada ya que mi situación no cambiaría de un año a otro, todo lo contrario, iría en aumento", contó.
Asimismo, agregó: "Nuevamente fui negada en mi derecho con la justificación de que, al ser una carrera social, debía estar obligatoriamente presencial".
En esta misma línea, la joven insistió en que ha estudiado de manera remota toda su vida y que no le ha generado problemas para relacionarse con su entorno.
"Eso no me generó ninguna falencia social. Si hubiera sido así, no tendría amigos ni redes sociales (...) ¿Por qué se sienten con el derecho de negarme mi educación?", concluyó.
Caso llegó a comisión de Educación
El caso de Ximena llegó hasta la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde pudo ser debatido en presencia de ministro de Educación, Nicolás Cataldo.
La joven denunció que la casa de estudios se negó a aplicar la ley de inclusión 20.422 y aplicar los ajustes razonables para poder recibir estudiantes en situación de discapacidad.
Es por lo anterior que tomaron la decisión de oficiar a la superintendencia de educación superior, al Ministerio de Educación y al subsecretario de educación superior.
