La Defensoría de la Niñez presentó este viernes un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, a raíz de las 56 rebajas de condena concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Según señaló el organismo, la acción busca que se declaren ilegales y arbitrarios los decretos y que se adopten medidas para proteger a las víctimas. En el documento, la institución sostiene que estos actos administrativos “amenazan y perturban los derechos a la libertad personal y seguridad individual de las víctimas”.
La acción judicial solicita específicamente que se dejen sin efecto los decretos correspondientes a las causas incluidas en la presentación y que el Ministerio de Justicia adopte las medidas necesarias para cumplir una eventual resolución judicial. Además, la Defensoría pide que se informe a los respectivos Juzgados de Garantía para que determinen las medidas que correspondan respecto del cumplimiento de las penas, incluyendo “eventuales órdenes de detención, si procede”.
Uno de los cuestionamientos centrales apunta al cambio de criterio utilizado para conceder las rebajas. La Defensoría sostiene que la Ley N.º 19.856, modificada por las leyes N.º 21.421 y N.º 21.522, “establece exclusiones expresas para determinados delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes”. El recurso agrega que el propio Ministerio de Justicia había mantenido anteriormente una interpretación contraria a entregar estos beneficios en casos similares, criterio que, según el documento, fue respaldado en distintas resoluciones de la Corte Suprema.
Otro de los fundamentos de la presentación apunta a que las decisiones cuestionadas no habrían considerado adecuadamente el interés superior de los niños, niñas y adolescentes víctimas ni los riesgos asociados a su seguridad. La Defensoría sostiene que esta omisión “afecta la integridad física y psicológica de las víctimas, así como su libertad para desarrollar sus vidas en condiciones de seguridad”, especialmente en aquellos casos en que las personas condenadas ya recuperaron su libertad.
El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, explicó el sentido de la acción judicial señalando: “No estamos solo frente a una discusión sobre beneficios penitenciarios, sino que también estamos frente a decisiones del Estado que pueden afectar directamente la seguridad y los derechos de quienes fueron víctimas de graves delitos sexuales”. En esa línea, agregó: “Por eso hemos acudido a la justicia, porque consideramos que estas rebajas deben quedar sin efecto y que el Estado tiene la obligación de adoptar medidas concretas para proteger a las víctimas”.
La Defensoría también solicitó que el Ministerio de Justicia coordine con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia la activación de medidas de protección para las víctimas, además de entregar antecedentes que habían sido requeridos previamente y cuyo plazo de respuesta venció el 29 de octubre. La presentación se produce en un escenario de alta tensión política para el Gobierno, marcado por los cuestionamientos a Rabat y Luis Silva y por el anuncio de la oposición de una acusación constitucional contra el ministro. En paralelo, la institución pidió mantener bajo reserva los antecedentes que permitan identificar a las víctimas para evitar su revictimización.
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