Una reciente auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) reveló graves deficiencias en el control de operaciones realizadas por la Dirección General de Crédito Prendario (DICREP) durante los años 2023 y 2024. Según el informe, personas con antecedentes penales realizaron miles de empeños sin que el organismo verificara la procedencia de los bienes, ni reportara estos casos a las autoridades competentes.
La inspección se centró en la unidad de crédito de la Casa Matriz –Sucursal San Pablo–, donde se revisaron los créditos con garantía prendaria, su administración, custodia, liquidación, renovación y el pago de excedentes por remates de pólizas vencidas.
Frecuencia inusual y alto monto en operaciones
De acuerdo al documento, en 2023 se identificaron 4.769 usuarios con transacciones reiteradas, realizando entre 10 y 229 operaciones cada uno, por un monto total de $7.139 millones. En 2024, la cifra aumentó a 4.895 personas, con un total transado de $7.290 millones. Algunos usuarios realizaron hasta 230 empeños en un solo año.
Uno de los hallazgos más relevantes fue la participación de 1.681 personas con antecedentes penales, quienes empeñaron bienes por un total de $1.507 millones, sin recuperar posteriormente las especies entregadas. Sin embargo, "el servicio no presentó denuncias ni entregó antecedentes a las autoridades competentes", advierte el informe.
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Deficiencias estructurales en verificación y coordinación
La CGR también observó la ausencia de mecanismos básicos de control. Según el informe, no existen procedimientos para verificar datos personales, la procedencia lícita de los bienes ni la identidad de los usuarios.
Asimismo, la DICREP carece de un sistema de alertas para operaciones reiteradas y no mantiene coordinación con organismos policiales, a pesar de que las especies empeñadas —que incluyen modelos, números de serie y estados— pueden ser clave para investigaciones.
Medidas disciplinarias y exigencias de mejora
Como consecuencia de estas irregularidades, la Contraloría instruyó un procedimiento disciplinario para determinar responsabilidades administrativas y remitió los antecedentes al Ministerio Público.
Adicionalmente, se ordenó a la DICREP implementar controles más estrictos, los que serán evaluados en un próximo proceso de seguimiento.
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