El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal en contra de funcionarios de Gendarmería vinculados a delitos asociados de corrupción, en el caso denominado Operación Apocalipsis.
De acuerdo al organismo, el recurso fue destinado contra 42 funcionarios y 35 particulares, sumando un total de 77 imputados.
"Incurrieron en una serie de ilícitos vinculados a hechos de corrupción y criminalidad organizada que operaba al interior de recintos penitenciarios de la región Metropolitana, particularmente, en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de la comuna de San Joaquín, y en el Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Uno, de la comuna de Santiago", aseguró la institución.
Asimismo, destacó que en estos recintos penales "se consolidó, desde el año 2020 a la fecha, un patrón de intervención directa de funcionarios públicos de Gendarmería de Chile —en diversas calidades y destinaciones— quienes, en razón de sus cargos, habrían solicitado, aceptado y, o recibido prestaciones económicas (en dinero efectivo y transferencias bancarias) y beneficios de diversa naturaleza" para permitir el ingreso de personas no autorizadas en calidad de visita.
La labor de las personas acusadas facilitó "la introducción y circulación de especies ilícitas en el interior de los recintos penitenciarios, tales como celulares y drogas, entre otras, ingresándolas directamente u omitiendo los controles reglamentarios".
Para el CDE fue clave la coordinación tanto de los funcionarios de Gendarmería como de los particulares, incluyendo a las personas privadas de libertad.