Más de 81 mil casos de funcionarios con múltiples registros en el Estado fueron detectados por el Consejo para la Transparencia (CPLT) en el marco de una fiscalización extraordinaria realizada entre marzo y diciembre de 2024. El análisis se basó en información de transparencia activa correspondiente a septiembre de 2023 y comprendió a 787 instituciones públicas, entre ellas 390 organismos del Gobierno Central, 345 municipalidades y 52 corporaciones municipales.
El informe reveló que el 80% de los casos corresponde a funcionarios con dos registros contractuales y el 20% restante con tres o más. La mayoría (73%) de estas situaciones se presenta dentro de una misma entidad, especialmente municipalidades del área de educación. El otro 27% involucra a personas que figuran en planillas de distintas instituciones, con una tendencia a combinar funciones en municipios y en el aparato central del Estado.
Uno de los aspectos más llamativos del estudio es la modalidad de contratación. Un 20% de los casos corresponde a contratos múltiples a honorarios; un 19%, a una mezcla de contrata y honorarios; y un 18%, a funcionarios con más de un registro a contrata. Estas tres combinaciones concentran más de la mitad de las situaciones observadas (57%).
El CPLT también dirigió 79 solicitudes de acceso a la información (SAI) a organismos que concentraban casos relevantes. Se priorizó a funcionarios con cargos altos, altos sueldos, múltiples contratos en distintas entidades o funciones similares dentro de la misma institución.
Aunque la existencia de más de un contrato no implica necesariamente una irregularidad, el informe advierte sobre posibles incompatibilidades legales, especialmente cuando no existe claridad sobre la compatibilidad horaria entre los cargos. Uno de los casos más críticos detectados corresponde a un profesional con 11 contratos a honorarios simultáneos en distintas municipalidades, recibiendo remuneraciones mensuales que superan los $16 millones.
“Nuestro rol como Consejo es fiscalizar que la información pública sobre el personal, la modalidad de contratación y remuneraciones esté completa, sea fidedigna y se publique conforme a los estándares legales (...). Fue posible constatar eventuales desajustes respecto de la normativa que rige a las contrataciones de funcionarios públicos”, indicó la presidenta del CPLT, Natalia González.
El informe también identificó a alcaldes y jueces de policía local que registran cargos en otras instituciones, aunque bajo permisos sin goce de sueldo, situación que, de todas formas, está permitida por la normativa vigente.
En paralelo, la fiscalización evidenció fallas en el cumplimiento del derecho de acceso a la información en las 79 SAI realizadas. De estas, 17 no fueron respondidas o se contestaron de forma parcial, y se registraron entregas de datos erróneos, falta de derivaciones correspondientes, divulgación de información personal sensible sin anonimizar y contradicciones respecto a lo publicado en transparencia activa.
El CPLT subrayó que, en 2024, el 22% del presupuesto del Gobierno Central y cerca del 49% del presupuesto municipal se destinó a remuneraciones. En ese contexto, la entidad insistió en que la existencia de información pública precisa y actualizada es clave para la probidad administrativa y el control ciudadano.
Finalmente, el Consejo anunció nuevas medidas de capacitación para estandarizar y mejorar la publicación de datos sobre personal estatal, apuntando a evitar irregularidades y robustecer la rendición de cuentas en el aparato público.
