La Corte Suprema ratificó el fallo que exige el retiro de las estructuras emplazadas en el humedal Delta del Trancura, en Pucón. La determinación respalda la acción emprendida por la administración municipal frente a las intervenciones en el sector.
"Se valora la resolución de la Corte Suprema porque le da sentido a lo que la Municipalidad de Pucón había planteado", sostuvo el alcalde de Pucón, Sebastián Álvarez.
La resolución judicial se enfoca en la conservación de la cuenca y en la mitigación del impacto ambiental generado en la zona.
"Nosotros tenemos que resguardar y proteger el mayor patrimonio que tiene la comuna Pucón, que son sus recursos naturales", afirmó la autoridad comunal.
Desde el municipio argumentaron que la permanencia de inmuebles en el lugar vulneraba las exigencias de conservación ambiental fijadas para el entorno natural.
"En especial cuando estamos hablando de un humedal y poder resguardar el humedal del Delta del Trancura significa poder cuidar y pensar en el futuro cuidando nuestros recursos naturales y logrando la preservación y el cuidado medio ambiental", declaró el edil.
El pronunciamiento del máximo tribunal dejó firme la medida que obliga a despejar el terreno de las edificaciones cuestionadas.
"Por lo tanto estamos muy contentos como Municipalidad de Pucón con la resolución de la Corte Suprema que le da mucho sentido a lo que planteó el municipio Pucón desde el primer momento", expresó Álvarez.
Por su parte, la representación legal de los ocupantes confirmó la recepción del dictamen y adelantó el inicio de las faenas de desarme.
"Los propietarios fueron notificados de la resolución judicial, por lo tanto los próximos días comenzarán los trabajos para remover del terreno las cabañas de uso personal y vacacional que existían en él", manifestó Bernardita Hiriart, abogada de los dueños.
La jurista explicó que la tipología de las construcciones facilitará las labores de desmonte en el sector del humedal.
"Dada las características propias de las cabañas modulares, ese proceso durará aproximadamente 45 días", detalló la profesional.
Asimismo, la defensa negó la calificación de ocupación ilegal del espacio y remarcó la antigüedad en la titularidad del predio.
"Es importante aclarar eso sí, que los propietarios son dueños del terreno desde el año 1996, por lo tanto en ningún caso corresponde hablar de una toma", enfatizó Hiriart.
A su vez, sostuvieron que no existen intenciones de ejecutar proyectos lucrativos masivos y que han ingresado carpetas de regularización.
"Es también importante aclarar que no tienen interés los propietarios en hacer un desarrollo inmobiliario ni comercial del terreno", remarcó la abogada.
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