La Fiscalía de la Araucanía inició las primeras diligencias para desarticular una red de Telegram que difundía contenido íntimo no consentido de mujeres residentes en las comunas de Temuco y Padre Las Casas.
El caso quedó al descubierto luego de que una de las víctimas fuera alertada por un conocido. La afectada logró acceder al chat privado y constató la exhibición no autorizada de sus registros personales.
"Habían fotos íntimas, videos con parejas, incluso videos como que la persona se ve que no se está dando cuenta que la están grabando", declaró una de las víctimas tras revisar los archivos expuestos.
La comunidad virtual exigía condiciones estrictas a los participantes para mantener su permanencia. La falta de nuevos archivos compartidos derivaba en la expulsión inmediata del usuario.
"Uno de los requisitos de ingreso a ese grupo es compartir material. Solicitaban material específico y una de los términos que se utilizan es packs. O sea, efectivamente lo que piden es material íntimo para ser parte del grupo", detalló Claudia Valdés, abogada querellante.
Las indagatorias preliminares establecen que el espacio contaba con más de 2.000 integrantes activos. Los miembros operaban bajo el anonimato ofrecido por las configuraciones de la propia plataforma de mensajería.
"¿Por qué se utilizan plataformas como Telegram? En primer lugar, anonimato. Las personas que integran este grupo creen que no van a ser detectados al usar seudónimos o números privados", explicó Neftalí Carabantes, director del centro de seguridad de la Universidad Central.
El especialista agregó que en estos espacios inciden la velocidad de reproducción, la validación entre pares y la reserva propia de las comunidades cerradas.
Las filtraciones incluían la entrega de datos personales de las afectadas. Entre la información difundida figuraban domicilios particulares, enlaces a perfiles de redes sociales y números de contacto telefónico.
En el flujo de mensajes también se detectaron archivos pertenecientes a estudiantes en uniforme escolar, además del ofrecimiento explícito de registros de menores por parte de un participante.
El Ministerio Público tramita al menos tres denuncias formales por estos hechos. La eventual presencia de material de menores de edad modificaría la gravedad del marco penal imputable.
"Se despachó una orden de investigar a cibercrimen con el objeto de determinar qué delitos se pueden configurar y los eventuales responsables de los mismos", manifestó Nelly Marabolí, vocera de la Fiscalía de la Araucanía.
La vocera añadió que la confirmación de registros de menores configuraría la figura contemplada en el artículo 367 quater sobre almacenamiento de material pornográfico infantil, sancionando tanto la tenencia como la difusión.
La investigación en curso contabiliza más de 30 mujeres afectadas en la zona, mientras los peritajes buscan identificar a los administradores del canal y a quienes distribuyeron los contenidos.
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