La Contraloría detectó irregularidades por casi $370 millones en el financiamiento municipal de Brujas de Salamanca, club que compite en la Segunda División Profesional del fútbol chileno. El organismo ordenó iniciar acciones para recuperar los recursos y exigió al municipio informar las medidas para disolver la sociedad deportiva.
Los hallazgos están contenidos en el Informe Final N° 622 de 2026 de la Contraloría Regional de Coquimbo, que examinó gastos realizados por la Municipalidad de Salamanca durante 2024 y 2025.
Pagos a futbolistas y gastos del club
El informe cuestionó $259.719.829 pagados a futbolistas, integrantes del cuerpo técnico y personal de apoyo mediante contratos a honorarios por funciones como monitores deportivos y otras labores municipales. La fiscalización no encontró antecedentes que acreditaran la prestación efectiva de esos servicios. También se detectaron pagos de bonos de Navidad y Fiestas Patrias.
A ello se suman $110.258.730 en gastos asociados al funcionamiento del equipo, entre ellos alojamiento, alimentación, servicios básicos, traslados y hotelería. Contraloría determinó que esos desembolsos no correspondían a los fines de los programas comunitarios con los que fueron financiados.
En total, ambos montos ascienden a $369.978.559. La entidad fiscalizadora anunció la formulación de los reparos correspondientes para buscar la restitución de los recursos.
Contraloría cuestiona la concesión del club
Otro punto central es el contrato mediante el cual la Corporación Municipal del Deporte entregó gratuitamente, por cinco años, derechos federativos y activos vinculados al fútbol profesional a Brujas de Salamanca S.A.D.P.
Contraloría concluyó que la corporación municipal no tenía atribuciones para crear un club deportivo de carácter profesional y estableció que la Municipalidad de Salamanca debe informar, en un plazo de 60 días hábiles, las acciones tendientes a disolver la sociedad deportiva.
Además, remitirá los antecedentes a la Fiscalía Local de Illapel para los fines que correspondan e informó que se instruirán procedimientos para determinar eventuales responsabilidades administrativas. También derivó antecedentes al Servicio de Impuestos Internos (SII).
La medida sobre la sociedad no equivale, por sí sola, a anunciar la desaparición del equipo: el informe exige avanzar en las acciones legales señaladas respecto de la estructura societaria y la concesión cuestionada.
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