Una auditoría de la Contraloría Regional de Antofagasta reveló diversas irregularidades en el otorgamiento de licencias de conducir por parte de la Municipalidad de Antofagasta entre enero de 2024 y diciembre de 2025.
Según el Informe Final N° 419 de 2026, los registros municipales consignaron 70.661 exámenes médicos y sensométricos con tiempos inferiores a un minuto, de los cuales 70.425 figuraban como aprobados.
La Contraloría advierte que esto impide acreditar que los procedimientos se hayan hecho durante el tiempo suficiente para verificar las condiciones físicas y sensoriales exigidas a los postulantes.
Persona realizando examen para obtener la licencia de conducir - Agencia Uno
Licencias de conducir: evaluaciones en "cero segundos"
El organismo detectó además 253 evaluaciones de visión y audición registradas con cero segundos de ejecución. Otros exámenes tuvieron tiempos de entre 0 y 59 segundos.
La revisión también constató que el municipio otorgó tres licencias clase D a postulantes cuyos expedientes registraban exámenes psicométricos reprobados.
En los exámenes prácticos para licencias no profesionales clase B, la auditoría estableció que 265 pruebas duraron entre 2 y 24 minutos, aunque la normativa exige una duración mínima superior. De ese grupo, 204 se realizaron en solo 10 minutos.
Funcionarios evaluaron a familiares
Durante 2024 y 2025, al menos cuatro funcionarios municipales participaron en la evaluación o aprobación de exámenes de familiares directos: una madre, un hermano, un sobrino y un cuñado. La Contraloría indicó que no se acreditó la debida abstención.
Otro hallazgo señala que un funcionario actuó como examinador en su propio proceso para obtener la licencia.
Además, 17.720 exámenes fueron realizados o supervisados por funcionarios que no acreditaron cumplir los requisitos para ser examinadores.
Contraloría instruye sumario
Gracias a los antecedentes recabados, la Contraloría instruirá un sumario administrativo para establecer eventuales responsabilidades.
El informe será remitido al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, para que evalúen las acciones que correspondan dentro de sus competencias.
