Una exfuncionaria del Hospital Regional de Antofagasta fue condenada por el delito consumado de malversación de caudales públicos y privados, luego de que una investigación de la Fiscalía SAC, junto a las unidades Bridec y Lacrim de la PDI, acreditara que sustrajo reiteradamente dineros que estaban bajo su custodia. El perjuicio establecido alcanza los $117.602.925, cifra que corresponde a cerca de $120 millones.
Los hechos ocurrieron mientras la acusada se desempeñaba como tesorera del recinto asistencial, cargo que ejerció entre febrero de 2013 y principios de noviembre de 2024. Entre sus funciones estaba recibir las recaudaciones diarias, registrar los ingresos en el sistema contable, custodiar los recursos y depositarlos en las cuentas institucionales. También debía gestionar dineros provenientes de pensiones de invalidez de pacientes crónicos de la Unidad de Psiquiatría, quienes no contaban con las condiciones o redes familiares para administrar directamente esos fondos.
De acuerdo con lo acreditado durante el juicio oral, entre 2015 y octubre de 2024 la funcionaria aprovechó su posición para sustraer $79.144.471 de fondos públicos y otros $38.458.454 correspondientes a recursos privados de pacientes psiquiátricos. De esta manera, el perjuicio total se desglosa en más de $79 millones pertenecientes al hospital y cerca de $38,5 millones que correspondían a las pensiones de los pacientes.
La investigación también permitió establecer que, durante ese mismo periodo, ingresaron $101.812.979 a distintas cuentas bancarias de la acusada, principalmente mediante depósitos en efectivo. Según los antecedentes presentados en el juicio, esos recursos no tenían una fuente u origen lícito comprobable y corresponderían a dineros sustraídos de los fondos que debía custodiar como funcionaria. La acusación fue representada por el fiscal Cristian Aguilar Aranela.
La sentencia definitiva, que dará a conocer la pena que deberá cumplir la condenada y los demás aspectos de la resolución, será comunicada el próximo 23 de noviembre, a las 15:30 horas. Hasta esa audiencia no se conocerá la sanción específica que deberá enfrentar por la malversación de los recursos públicos y privados.