Un trabajador de Forestal Coronel Limitada deberá recibir indemnizaciones, remuneraciones y prestaciones laborales luego de que la justicia determinara que fue despedido como represalia por denunciar a la empresa ante la Inspección del Trabajo. Así lo resolvió el Primer Juzgado de Letras de Coronel, en una sentencia del 25 de septiembre de 2026.
El fallo acogió la denuncia por vulneración de derechos fundamentales y estableció que la desvinculación afectó la garantía de indemnidad, que protege a los trabajadores frente a represalias por ejercer acciones legales o administrativas para defender sus derechos laborales.
Las cotizaciones que originaron el conflicto
El trabajador, de nacionalidad haitiana, ingresó a la empresa el 10 de julio de 2017 como operario. Según los antecedentes revisados en el juicio, sus cotizaciones previsionales se calcularon durante parte de la relación laboral sobre montos inferiores a las remuneraciones que efectivamente recibía.
Entre febrero y noviembre de 2024, Forestal Coronel declaró una renta imponible total de $5.774.166, mientras que los abonos registrados en la cuenta bancaria del trabajador sumaron $9.358.530. La diferencia de $3.584.364 correspondía a remuneraciones que no fueron declaradas para efectos previsionales.
El trabajador planteó sus reparos directamente a la empresa, pero no obtuvo una solución. Por ello, el 9 de abril de 2025 solicitó una fiscalización ante la Inspección del Trabajo de Coronel y comunicó su reclamo al empleador.
Trabajador forestal - imagen referencial
Lo despidieron un mes después
El 9 de mayo de 2025, exactamente un mes después de solicitar la fiscalización, el trabajador fue despedido verbalmente. Según los hechos acreditados en el juicio, no recibió una carta de despido ni se le informó una causal legal para poner término a su contrato.
Durante el proceso también se expusieron antecedentes sobre reclamos similares de otros trabajadores de la empresa por irregularidades en remuneraciones y cotizaciones previsionales.
Tras su desvinculación, el trabajador presentó un nuevo reclamo ante la Inspección del Trabajo el 20 de mayo de 2025. La audiencia de conciliación se realizó el 16 de junio, pero no permitió alcanzar un acuerdo, por lo que el conflicto llegó a tribunales.
¿Qué resolvió la justicia?
Forestal Coronel Limitada no contestó la denuncia dentro del plazo legal ni compareció a la audiencia de juicio, realizada el 7 de mayo de 2026. Tampoco presentó diversos documentos solicitados, entre ellos comprobantes de cotizaciones previsionales, liquidaciones de sueldo y antecedentes del despido.
El tribunal examinó registros bancarios, certificados previsionales, liquidaciones de remuneraciones, antecedentes de la Inspección del Trabajo y declaraciones de testigos. A partir de esas pruebas, concluyó que existían antecedentes suficientes para establecer que la desvinculación fue una represalia por la denuncia del trabajador.
La sentencia, dictada el 25 de septiembre de 2026, acogió la acción de tutela laboral por vulneración de la garantía de indemnidad.
Los montos que deberá pagar la empresa
El tribunal condenó a Forestal Coronel Limitada al pago de cuatro partidas indemnizatorias que suman $17.982.895:
- $1.116.950 por falta de aviso previo.
- $7.818.650 por siete años de servicio.
- $2.345.595 por el recargo aplicado a la indemnización por años de servicio.
- $6.701.700 por la indemnización especial por vulneración de derechos fundamentales.
A esos montos se suman $2.084.306 por feriado legal y proporcional adeudado, además de la obligación de regularizar las cotizaciones previsionales correspondientes al período entre febrero y noviembre de 2024.
Trabajador forestal - imagen referencial
La resolución también ordenó pagar las remuneraciones y demás prestaciones laborales desde el despido, ocurrido el 9 de mayo de 2025, hasta que este sea convalidado legalmente. Esto implica que la obligación de pago no se limita a las indemnizaciones fijadas en la sentencia.
Como medida adicional, el tribunal dispuso implementar una capacitación para los trabajadores y las personas encargadas de determinar y pagar remuneraciones y cotizaciones previsionales, con el objetivo de prevenir situaciones similares.
En cambio, la demanda por daño moral fue rechazada. La condena se sustentó en la vulneración de derechos fundamentales y en las obligaciones laborales y previsionales establecidas en el fallo.
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