El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia formal al cargo tras el estallido de la crisis financiera provocada por Ueno Bank. La dimisión quedó sujeta a la aprobación del Congreso Nacional, estamento encargado de oficializar la salida del mandatario.
De ratificarse la dimisión, el actual vicepresidente Pedro Alliana debería asumir la conducción del Poder Ejecutivo. El dirigente eventualmente tendrá que completar el mandato constitucional correspondiente al quinquenio 2023-2028, por lo que ejercerá funciones hasta el 15 de agosto de 2028.
Dado que la renuncia aconteció en los últimos dos años de gestión, la Constitución paraguaya exime la necesidad de convocar comicios populares. En consecuencia, la designación de quien ocupe la Vicepresidencia recaerá exclusivamente en los parlamentarios.
Para resolver la vacancia vicepresidencial, el Poder Legislativo deberá sesionar de manera conjunta entre la Cámara de Diputados y el Senado. El nombramiento exigirá una mayoría absoluta de 63 votos sobre un total de 125 legisladores.
"Uno de los momentos más difíciles de mi vida", afirmó Peña durante la alocución pública donde comunicó su salida en medio del pánico bancario que congeló depósitos de millones de clientes.
El mecanismo de cobertura legislativa cuenta con precedentes en el país sudamericano. Ocurrió en 2012 tras el juicio político a Fernando Lugo con la designación de Óscar Denis, y en 2018 con la nominación de Alicia Pucheta.
La reestructuración del Poder Ejecutivo avanza mientras la justicia paraguaya indaga las responsabilidades operativas en Ueno Bank. En tanto, las autoridades legislativas coordinan las medidas para intentar resguardar los fondos públicos comprometidos en la crisis.
