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Gendarmes cómplices: zoom a los 7 mil sumarios internos y el entramado de las amenazas cruzadas

Los datos muestran desde irregularidades administrativas, pasando por estado de ebriedad, tráfico de celulares, drogas y hasta extorsiones. También aparecen otros menos visibles, como maltratos, agresiones, abuso/acoso sexual y hurtos protagonizados por gendarmes. Por su parte, expertos revelan que hay funcionarios que cobran a internos por ciertos beneficios, pero también que el fenómeno ocurre al revés: reos con mucho poder —generalmente miembros del crimen organizado— extorsionan a los trabajadores penitenciarios, amenazando su integridad y la de sus familias.

Jordan Jopia, Alessandro Minardi y Paz Fernández.

Lunes 28 de julio de 2025

Una camioneta ingresó hasta Colina 1. Fue interceptada, pero el conductor se rehusó a la fiscalización, escapó en el vehículo y luego a pie. Poco antes de ser detenido lanzó una mochila por el muro. Llevaba cocaína, cannabis, casi dos millones de pesos en efectivo y 24 celulares.

El sujeto capturado resultó ser nada menos que un gendarme.

La historia anterior no es una situación aislada. De acuerdo con datos a los que Informe Especial tuvo acceso vía ley de transparencia, entre 2020 y el 15 de enero de este año se han cursado 7.114 sumarios —tanto en etapa de investigación, como concluidos— contra funcionarios de Gendarmería por diversas conductas que pudieran ser delitos.

La lista es larga, alrededor de una centena de motivos por los cuales los gendarmes son investigados. Desde irregularidades administrativas, incautación de celulares y tráfico de drogas, pero también existen indagatorias —menos conocidas— por acoso/abuso sexual, estado de ebriedad, fuga de internos, maltratos, agresiones, apremios ilegítimos, hurto y adulteraciones de documentos públicos. 

—Preocupa esa cifra, preocupa que sea tan alta. Hay que hacerle un zoom ahí a los casos de cada sumario, pero además Gendarmería vive su día a día con los delincuentes en las cárceles y eso también lo hace mucho más vulnerable —comenta Pilar Lizana, experta en crimen organizado y narcotráfico.

El profesor de la escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Mauricio Duche, coincide en que la cantidad de sumarios a funcionarios de Gendarmería es “muy preocupante”. Según explica, el sistema penitenciario está expuesto a “tensiones estructurales” que están generando “actos de corrupción, abuso y violencia” al interior de los penales.

—Estamos a frente de una situación grave. En un informe que hizo el Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la Universidad Católica, que encuestó a funcionarios de Gendarmería, un 63% de ellos manifestó conocer que algún colega, algún funcionario de la institución estaba o participaba en algún tipo de acto de corrupción. Esto es gravísimo.

Respecto al acoso y abuso sexual, esos casos superan los 100 expedientes.

—Cuando llegamos a ese ítem en particular ahí ya nos empezamos a cuestionar cómo cambian los códigos de los gendarmes. Y ahí va mucho más allá de si lo reclutó o no la banda criminal, de si es que lo está extorsionando o no, porque ahí los códigos de esa persona, de ese gendarme cambiaron.

En Gendarmería explican que “hay muchas más personas, tanto internos como personal, que está haciendo sus denuncias a partir de situaciones que ellos consideran de vulneración de derecho”, y cuando esto ocurre y los hechos son constitutivos de delito existe un sumario, pero también una denuncia al Ministerio Público”.

Otro de los motivos por los que se han abierto sumarios es para aclarar las fugas de internos. Específicamente 72, además de 62 por intentos de fuga y 22 por pérdida de uniformes o armamentos.

No puede haber una infracción más grave al deber más básico establecido por el sistema penitenciario, pero no hay que minimizar para nada su extrema gravedad y esta debería ser una cuestión prioritaria —afirma el académico Mauricio Duche.

En el Ministerio de Justicia piensan que particularmente en los casos de fuga o intento de esta pudo “existir de que no se hayan implementado los protocolos preventivos destinados a evitar las fugas y, si las personas han sido negligentes, los gendarmes que están a cargo de esta función que es básica tienen que ser sancionados como corresponde”.

Cruzando la línea  

Un gendarme que ha trabajado en cárceles de Santiago y en el norte del país, quien pidió no ser identificado por miedo a amenazas, reveló uno de los factores que hoy provoca más corrupción en el mundo carcelario: la extorsión de parte de funcionarios a internos.

Entre los 30 primeros motivos por los cuales los gendarmes son investigados en sumarios internos sobresale un concepto que llama la atención por su amplitud y los peligrosos matices que este puede incluir. Se trata de “compromiso con internos” o “compromiso de funcionarios con reos” que suman 141 expedientes.

—"Compromiso con internos" estamos hablando de un sinfín de relaciones que nos podamos imaginar y eso también es muy complejo, porque si estamos hablando de compromiso con internos, estamos hablando de que la línea se borró  —enfatiza la experta en crimen organizado, Pilar Lizana.

La abogada Carolina Medina, de la Confederación de Familiares y Amigos de Presos Comunes (Confrapreco), también advierte que este concepto puede deberse a muchas variantes: desde una especie de maltrato que puede existir entre el gendarme y el interno, hasta obtención de beneficios, un hecho que han venido denunciando, asegura, desde hace bastante tiempo. 

Los funcionarios siempre se contactan con los líderes de módulo y ellos extorsionan a los internos primerizos o a los internos que van llegando a los módulos, para que los internos hagan transferencia y después le pasen plata en efectivo al funcionario. Los funcionarios corruptos es todo plata para ellos —señala el gendarme que entregó su testimonio en reserva.

Según su relato, los informes de conducta favorables de los internos tienen un precio:

—Siempre se ve que para bajarle los meses de condena o algún consejo técnico, que vayan los  funcionarios y estén coludidos con los internos, siempre se le baja el perfil al interno. Tratar de bajarle el alto compromiso delictual a mediano tiene una tarifa, cambiarlo de módulo a módulo tiene un costo, unos 300 mil pesos, 400 mil pesos —acusa.

—Es devastador —reconoce por su parte Carolina Medina, de Confrapreco—, en el sentido que se entiende que estos hechos principalmente no debiesen ocurrir, bajo ninguna circunstancia. No se justifica que existan problemas entre el interno y el gendarme, no se justifica que exista una dádiva entre ambos (…) Y por supuesto, da lugar a situaciones de corrupción, que eso es lo más eso es lo más grave.

La Coronel Helen Leal, subdirectora operativa (s) de Gendarmería, dice no tener antecedentes de este tipo de conductas, pero indica  que “es importante considerar que la ficha de clasificación de cualquier interno al interior de los establecimientos penitenciarios es un instrumento que es aplicado por funcionarios que están debidamente capacitados para ello, pero también tienen un control respecto de cómo se realiza la segmentación al interior de los establecimientos penitenciarios. Los informes técnicos respecto de algún privado de libertad en particular, no solo son visados por una persona, también hay una jefatura de la instancia correspondiente, un alcalde y también un director regional para esos fines de control.

El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, fue enfático en señalar que no puede haber un contacto ni un compromiso de los gendarmes con aquellos que están con el deber de custodiar. Pero reconoce que es algo que está ocurriendo y que los sumarios dan cuenta de aquello.

—Cuando se detectan este tipo de situaciones, que son casos que van a ocurrir, situaciones en las que se apartan de los protocolos de la norma, lo importante es que primero se prevengan; segundo, que exista capacitación; y en tercer lugar, si ocurren, como demuestra esta cifra, se inicien los procedimientos sancionatorios respectivos —dice la autoridad.

Desde Gendarmería indican que gran parte de estos procesos administrativos se inician a partir del trabajo que desarrollan los departamentos de inteligencia e investigación criminal. Denuncias que llegan tanto por población penal, como por terceros como familiares. “Cuando existe compromiso de nuestros funcionarios, existen también las denuncias al Ministerio Público”, comenta la Coronel Helen Leal, subdirectora operativa (s) de Gendarmería.

Celulares y drogas

Sin sospechar que lo están vigilando, un gendarme esperó paciente en su auto. Varios minutos después, una mujer se acercó al vehículo con una bolsa. La entregó y el conductor emprendió rumbo a la cárcel de Valparaíso, pero fue interceptado por agentes de la Unidad de Investigación de Gendarmería al interior del recinto.

—Hay una investigación en su contra por la Fiscalía Regional Antinarcóticos de Valparaíso. Si tú no accedes o no cooperas con la orden que tenemos, nosotros no tenemos ningún inconveniente en este momento en citar un equipo del GOPE y vamos a tener que concurrir a tu domicilio —le dijo el agente—. ¿Qué más te entregaron? —le preguntó.

—Eso no más  —respondió el funcionario.

—¿Qué venía dentro de la bolsa blanca que te entregó la mujer? ¿Sólo eso o algo más?

—Sí, la bolsa la boté.

—¿Tienes algo más?

—Nada.

Le incautaron marihuana, pasta base y dos celulares.

Entre los siete mil sumarios que se han abierto desde 2020 a la primera quincena de enero de este año, existen 138 por incautación de celulares o especies prohibidas y otros 78 por consumo o tráfico de drogas y alcohol. La suma corresponde solo al 3% del total de expedientes, pero según una fuente anónima consultada al interior de Gendarmería este tipo de situaciones se está masificando tanto en la zona norte como el sur. 

—Les cobran por teléfonos, les cobran por lanzar pelotazos con drogas, pelotazos de cualquier elemento ilícito. Tienen sus precios los funcionarios —relata el gendarme anónimo.

—Si tenemos gendarmes vendiendo o arrendando teléfonos, si tenemos gendarmes generando el contexto para que llegue esa pelota con droga o ingresando otros productos para venderlos dentro, estamos teniendo un problema profundo —reconoce la experta Pilar Lizana—, porque el servicio que debería estar preocupado de que esa cárcel funcione sin mayores sobresaltos, no lo está haciendo. 

—Aquí la institución no está aislada y es una institución que ciertamente va a enfrentar este tipo de acciones del crimen organizado o del narcotráfico dentro de las cárceles. Lo importante es como responde la institución; y de ese punto de vista, nosotros estamos trabajando junto con Gendarmería no solamente respecto de reducir el número de procedimientos sancionatorios que están abiertos, sino también en la mejora de esos protocolos y también integrar plenamente a Gendarmería de Chile al sistema de seguridad pública, que está dirigido desde el Ministerio de Seguridad Pública para que nosotros tengamos claridad respecto de estas bandas, el narcotráfico, el crimen organizado, para que no ocurra lo que ocurre en otros países y que nosotros en Chile, estamos a tiempo de evitar —dice el subsecretario Muñoz.

Según los expertos, el tráfico de sustancias, así como de celulares y de otras cosas, podrían estar ocurriendo no solo por un intercambio económico, sino que también por amenazas y extorsiones a los funcionarios.

La extorsión a funcionarios

—Uno siente el temor porque piensa que uno está trabajando con sus colegas. Pero al final, el que no sigue el sistema, el que no sigue la corrupción, el que no sigue el tráfico, simplemente es un estorbo para ellos y quieren deshacerse lo más rápido de los funcionarios que trabajan por el lado correcto —cuenta el gendarme anónimo.

Lizana enfatiza en que hay gendarmes que están cometiendo delitos y tienen que ser “sancionados en su mérito”. Sin embargo, sostuvo que “también es súper importante considerar qué es lo que pasa con esos gendarmes que no cometen delitos, que están siendo extorsionados y que esa presión de la extorsión puede llevarlos a cometer el delito por protegerse a ellos mismos y a su familia”.

—Cualquiera que cruce esa línea hacia el otro lado, hacia el delito, lo vamos a perseguir con todo el rigor de la ley porque no solamente están generando un daño a la seguridad pública, sino un daño gravísimo a la institución de Gendarmería de Chile —indica el subsecretario Muñoz.

De acuerdo al Ministerio de Justicia, desde 2021 se generó un plan específico de Gendarmería para poder reducir el número de sumarios que están abiertos, logrando una disminución de 5.700 sumarios abiertos a cerca de 3.900 actualmente. Además, están tramitando una reforma en Congreso para la creación de un departamento de seguridad especial en Gendarmería, que recoja las mejores prácticas europeas respecto de cómo enfrentar desde el punto de vista penitenciario el eventual impacto que tiene el crimen organizado.

Para la Coronel Helen Leal, “el personal debe estar alineado con la normativa vigente, pero principalmente creo yo que una de nuestras principales características como Gendarmería de Chile en una realidad tan compleja como la que estamos abordando hoy día, una criminalidad distinta, una población penal que supera con creces la capacidad de diseño al interior de los penales. Nuestra preocupación debe ser nuestro capital humano. Y nuestro capital humano ha demostrado con creces que es capaz de sostener cárceles, que los índices de fuga en nuestro país son mínimos, que nuestra cantidad de muertos en hechos violentos al año hoy día llevamos un número que está muy por debajo de lo que llevamos el año pasado (…) y, por supuesto, una preocupación constante por el actuar diario tanto de civiles como uniformados al interior de los penales, dado el riesgo inminente que tenemos por estas características especiales y perfiles distintos de población penal que debemos trabajar”.