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Código IE: Análisis diario de la contingencia

Explora "Código IE", la sección de Informe Especial Digital que analiza la contingencia diaria con rigurosidad e investigación periodística.

Caso Makhijani: la cazafortuna del prestamista de Meiggs asesinado y el “heredero” que zafó de la justicia Caso Makhijani: la cazafortuna del prestamista de Meiggs asesinado y el “heredero” que zafó de la justicia

Caso Makhijani: la cazafortuna del prestamista de Meiggs asesinado y el “heredero” que zafó de la justicia

El homicidio del empresario indio de Meiggs, Mahesh Kumar Makhijani, abrió dos aristas judiciales: una por su asesinato y otra porque, a través de un documento cuya autenticidad no es verificable, los derechos de su herencia se han ido repartiendo en más personas que solamente sus hijos.  La primera causa terminó en una decisión de no perseverar y la segunda podría correr un destino similar, ya que el viernes pasado se sobreseyó a uno de los imputados y beneficiarios de la herencia.

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La decisión del Ministerio Público obedeció a la denuncia interpuesta por el Tribunal Constitucional (TC), por la suspensión de la licencia de software comprado a la empresa Salaam. Además del caso de Migraciones, conocido el viernes, se suman a los afectados la Agencia de Ciberseguridad, Cochilco, Metro de Santiago, entre otros. La investigación deberá aclarar el monto que afectó al fisco, pero se estiman cientos de millones. El dueño de de la firma, Nicolás del Pino, inició el proceso de insolvencia en Chile y, coincidentemente, meses antes creó una sociedad en Miami.
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La entidad adjudicó una licitación y compró 300 licencias -por poco más de 38 millones- a una empresa que a su vez las arrendó a un tercero. Como el proveedor dejó de pagarle a este último, la verdadera dueña del servicio le informó al Sermig que el software Microsoft Office dejaría de funcionar. La autoridad interpuso un recurso de protección, donde asegura que la situación es grave e impediría otorgar permisos de residencia, dictar expulsiones y otros órganos del Estado se verían seriamente afectados. El tribunal de alzada dictó una orden de no innovar y la entidad tuvo un respiro, al menos por ahora.
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Una revisión al celular del por entonces cabo, uno de los cinco detenidos por el tráfico de ketamina en un avión institucional, reveló que un sujeto le enviaba imágenes de pistolas para que las comercializara. Entre ellas destaca una que posee un cargador de tambor, muy apreciado por el crimen organizado. El exuniformado confirmó el hecho cuando fue interrogado y además reconoció ser consumidor de drogas.
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También evalúan solicitar una reunión con el alcaide de Santiago Uno, donde el imputado cumplía prisión preventiva, para analizar qué pudo fallar. En el intertanto, la diputada Camila Musante develó un episodio de amenazas ligadas presuntamente al crimen organizado; sin embargo, acusó que el mismo tribunal de la polémica desestimó tomar detenido al responsable de su caso. Según pudo constatar Informe Especial, el juez tomó la decisión porque consideró que el delito de amenazas simples “no reviste especial gravedad”.