Hugo Gómez Padua, el último condenado a muerte en Chile, falleció el 21 de abril de 2026 en el Hospital Barros Luco de Santiago. Permanecía privado de libertad en la Torre 2B del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Colina I. Estaba encarcelado por la violación y homicidio de una niña de diez años de edad.
El deceso fue confirmado a Informe Especial por Gendarmería de Chile. Hasta ahora, la muerte del ciudadano colombiano —condenado por uno de los crímenes más estremecedores de finales del siglo pasado— no había trascendido públicamente.
Gómez Padua fue condenado por la violación y asesinato de Paula Camila López Galdames, quien la tarde del 8 de enero de 1999 llegó hasta un negocio ubicado a dos cuadras de su casa para comprar globos. Nunca regresó a su hogar. Tras una desesperada búsqueda, su madre presentó una denuncia por presunta desgracia. Carabineros ingresó a la propiedad de Gómez y descubrió el cuerpo de la niña descuartizado y enterrado en el patio. El colombiano fue detenido y se constató que permanecía de manera ilegal en Chile.
Según los antecedentes judiciales aportados por la Fundación Amparo y Justicia, antes de su ingreso clandestino, Hugo Gómez Padua había sido condenado a 21 años de prisión en Colombia por el homicidio y violación de María Helena Navarro, una niña que desapareció el 19 de octubre de 1971 en las cercanías de su domicilio y cuyo cuerpo fue encontrado al día siguiente en un potrero. La investigación estableció que murió por asfixia y que había sido víctima de una agresión sexual. En diciembre de 1986, Gómez Padua accedió al beneficio penitenciario de franquicia preparatoria, que lo obligaba a presentarse cada 30 días ante las autoridades. Sin embargo, en enero de 1988 dejó de cumplir esa obligación. Ocho años después ingresó a Chile.
La jueza María Angélica Mulatti Oyarzo lo condenó a la pena de muerte, sanción que posteriormente la Corte de Apelaciones de Rancagua sustituyó por presidio perpetuo, con el voto en contra del ministro Carlos Bañados Torres. La controversia llegó hasta la Corte Suprema, que confirmó la decisión por tres votos contra dos. El ministro José Luis Pérez Zañartu y el abogado integrante Sergio Rencoret Silva estuvieron por mantener la pena capital. La resolución fue dictada pocas semanas antes de que Chile derogara la pena de muerte para los delitos comunes.
Aunque nunca recuperó la libertad, durante sus últimos años en prisión presentó reiteradas solicitudes para acceder a ese beneficio. Las evaluaciones de Gendarmería, sin embargo, advertían sobre factores de riesgo elevados y condiciones desfavorables para su reinserción social.
Nueve intentos fallidos
El 9 de enero de 2019, Gómez Padua cumplió veinte años privado de libertad y alcanzó el tiempo mínimo de presidio exigido para postular a la libertad condicional.
Su primera solicitud, presentada en abril de 2020, fue rechazada por unanimidad. Aunque su conducta penitenciaria había sido calificada como muy buena, el informe psicosocial elaborado por profesionales de Gendarmería identificó dificultades para reconocer la gravedad del delito cometido, una tendencia a justificar su conducta y a responsabilizar a la víctima, además de ausencia de culpa y remordimiento.
La evaluación concluyó que “el cumplimiento en libertad se considera un escenario de reincidencia”.
La defensa recurrió de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, argumentando que el condenado cumplía con los requisitos establecidos por la ley. Sin embargo, el tribunal rechazó la acción al considerar que la Comisión de Libertad Condicional había fundamentado adecuadamente su decisión.
En enero de 2021, una nueva solicitud también fue rechazada. Durante ese procedimiento intervino María Jesús Galdames Acevedo, la madre de Paula López. Representada por la Fundación Amparo y Justicia, manifestó su temor a que Gómez Padua pudiera tomar represalias en su contra si recuperaba su libertad y que cometiera nuevos delitos contra otras niñas.
La Corte de Apelaciones volvió a respaldar la decisión de la comisión, atendidos los antecedentes penitenciarios desfavorables.
Según los registros de Gendarmería, entre abril de 2020 y septiembre de 2024 Gómez Padua postuló en nueve oportunidades a la libertad condicional. Todas sus solicitudes fueron rechazadas.
Riesgo de reincidencia
El último informe psicosocial elaborado en septiembre de 2024, identificó nuevamente un alto riesgo de reincidir en delitos sexuales.
Los profesionales observaron dificultades para reconocer el daño causado, problemas para asumir la responsabilidad por los hechos y características psicológicas que consideraron desfavorables para una eventual reinserción.
Después de más de veinticinco años de encarcelamiento, las evaluaciones seguían identificando factores de riesgo semejantes a los advertidos en su primera postulación.
Sin embargo, el mismo documento -al que tuvo acceso Informe Especial- consignó una circunstancia relevante: Gómez Padua se encontraba excluido de las actividades de intervención psicosocial del establecimiento penitenciario por su condición de persona mayor, pese a que los profesionales continuaban identificando necesidades de tratamiento.
La ausencia de atención especializada ya había sido objeto de una resolución en tribunales.
Salud mental a la deriva
El 16 de agosto de 2024, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió parcialmente un recurso de protección presentado por el abogado Ricardo Bravo Cornejo, en representación de Gómez Padua.
La acción cuestionaba la falta de atención psicológica especializada durante su encarcelamiento y las dificultades que esa ausencia podía representar para sus posibilidades de rehabilitación.
En su sentencia, el tribunal estableció que Gendarmería había incurrido en omisiones ilegales y arbitrarias frente a los requerimientos de atención de salud mental del condenado.
La Corte ordenó que la institución adoptara medidas, en un breve plazo, para que fuera evaluado por profesionales de salud psicológica y psiquiátrica, y recibiera el tratamiento que estos determinaran.
Sin embargo, Ricardo Bravo sostiene que esa atención nunca se concretó:
—Yo presenté un recurso que se ganó en la Corte para que se intervenga. Y después yo le pregunto: “¿Te intervinieron?” Nunca Gendarmería lo intervino. No tuvo una intervención psicológica, desde una intervención más individualizada respecto al delito, al mal que causó. Nada de eso.
El abogado cuestionó que el sistema penitenciario evaluara reiteradamente de manera desfavorable las posibilidades de reinserción del condenado, sin proporcionarle una intervención individualizada para abordar los factores de riesgo.
—¿Cómo logramos tener información certera de que si una persona puede reinsertarse si no se cumple con los cursos? —se pregunta el abogado.
Preocupación por las víctimas
La Fundación Amparo y Justicia, que intervino en los procedimientos judiciales relacionados con las solicitudes de libertad condicional de Gómez Padua, también ha cuestionado las posibilidades de rehabilitación de condenados por delitos particularmente graves.
María José Bowen, directora legal y de intervención de la organización, advirtió sobre las limitaciones del sistema penitenciario para abordar los factores de riesgo de personas condenadas por delitos contra niños, niñas y adolescentes.
—Estamos hablando de condenados que no han accedido a programas especializados de Gendarmería, porque Gendarmería no los tiene. Tampoco van a tener un programa de seguimiento especializado si es que salieran al medio libre. Y están evaluados con un riesgo de reincidencia alto o muy alto.
Bowen también explicó las consecuencias que las sucesivas postulaciones a la libertad condicional pueden tener para las familias de las víctimas.
—Aquellos que fueron condenados en los años noventa están postulando desde hace un tiempo al beneficio de la libertad condicional. Y eso es un tremendo trauma para las familias, que de cierta manera reviven todo lo que ocurrió a propósito de estos graves hechos cada vez que el condenado postula.
En el caso de Gómez Padua, la madre de Paula López debió intervenir judicialmente más de dos décadas después del asesinato de su hija para manifestar su temor frente a una eventual liberación.
Sus últimos meses en prisión
En septiembre de 2025, Gómez Padua desistió voluntariamente de una nueva postulación a la libertad condicional.
En el formulario de Gendarmería, fechado el 1 de septiembre, escribió una breve explicación: “No cuento con red de apoyo en Chile”.
Su abogado confirmó que el condenado carecía de familiares en el país y que habían sostenido numerosas conversaciones sobre las dificultades que enfrentaría si recuperaba su libertad.
—Yo tuve múltiples conversaciones con él. Era una persona de nacionalidad colombiana, no tenía familia en Chile. Lamentablemente, ya había cometido delitos similares en su país. Cuando yo conversaba con él sobre la posibilidad de salir, el mundo que había conocido hacía más de veinte años ya no existía —recordó Bravo.
Hasta que el 21 de abril de 2026, siete meses después de aquel desistimiento, Hugo Gómez Padua falleció en el Hospital Barros Luco. Nunca recuperó la libertad y permaneció más de 27 años encarcelado.