El pasado 11 de octubre una avalancha ocurrida en la mina a rajo abierto de la División El Teniente dejó dos trabajadores fallecidos. Poco días después la viuda y los cuatro hijos de una de las víctimas presentaron una querella criminal por cuasidelito de homicidio contra Codelco, la empresa contratista Aura y la subcontratista San Lorenzo, para quien trabajaba directamente el afectado.
La familia asegura que el fallecido —Guillermo Guajardo López, de 53 años— manifestó en esos días a su esposa que estaba arreglando caminos, pero que había mucha nieve. Asimismo, una de sus hijas indicó que su padre “le habría expresado que las condiciones en que estaba trabajando le preocupaban” y que la máquina que operaba tenía problemas.
La acción judicial apunta a investigar por qué los trabajadores estaban ahí si es que la alerta meteorológica era conocida.
“Las circunstancias en que perdió la vida don Guillermo Guajardo exigen una investigación profunda, seria y completa. No se trata aquí de anticipar responsabilidades, sino de que el órgano persecutor, con las facultades y la experticia que le son propias, establezca si quienes tenían a su cargo la planificación, autorización, supervisión y control de la tarea adoptaron las medidas de cuidado que la ley y los reglamentos les imponían. Esta investigación, además, resulta necesaria para prevenir que otros trabajadores de la faena se vean expuestos a riesgos semejantes, considerando los antecedentes de accidentes fatales previos ocurridos en la misma división”, dice la querella.
En conversación con Informe Especial, Camila Guajardo Urra, una de las hijas del fallecido —y que además es estudiante de Ingeniería en Minas— advirtió que buscan saber algo más concreto de por qué su papá "se encontraba en ese lugar, por qué estaba realizando este tipo de trabajo en las condiciones que se presentaban, porque no hubo un manejo, o sea tanta gente que trabaja ahí, cómo no pudieron supervisar esto”.
La situación metereológica
De acuerdo con los antecedentes recabados por los querellantes, en los días previos a la muerte de los trabajadores la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por precipitaciones entre las regiones de Coquimbo y Maule, “proyectando para la cordillera de la Región de O’Higgins acumulaciones de entre 40 y 70 centímetros de nieve. En consecuencia, al día de los hechos existiría en la zona cordillerana una importante carga de nieve acumulada”.
Días después, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) de O’Higgins habría declarado Alerta Temprana Preventiva Regional, incluida expresamente la cordillera. Se anunciaron precipitaciones y probables tormentas eléctricas a partir de la tarde del domingo 11 de octubre, con nuevas nevadas en la cordillera. Además, en la madrugada de ese día Sernageomin habría emitido una minuta técnica que advertía sobre el peligro de remociones en masa.
En ese contexto, las operaciones de la mina “se encontraban detenidas debido al mal tiempo”, de acuerdo con un comunicado de Codelco.
“Es decir, la propia empresa principal habría evaluado, antes del accidente, que las condiciones climáticas del sector no permitían operar con normalidad”, afirma la querella.
La información oficial de la cuprífera sostiene que las dos víctimas fatales estaban en la zona realizando labores de inspección de faenas. Sin embargo, otros antecedentes dan cuenta que una cuadrilla de trabajadores contratistas, entre ellos el Sr. Guajardo, “se habría encontrado en el denominado Cráter Norte, conocido como 'El Botadero' (...) a unos 3.030 metros de altura”. Los cuatro trabajadores habrían estado “despejando caminos cubiertos de nieve con una motoniveladora y una camioneta”.
En el sitio de la tragedia, el dirigente sindical Luis Núñez cuestionó “por qué estaban los trabajadores sacando nieve, con casi cinco metros de nieve de altura, siendo que son sectores críticos”. Esas declaraciones también las recoge la demanda.
Con los datos anteriores sobre la mesa, la querella solicita que el Ministerio Público investigue: (a) quién adoptó la decisión de detener las operaciones del rajo por las condiciones meteorológicas y por qué, pese a ello, se autorizó o permitió la presencia de la cuadrilla en el sector Cráter Norte; (b) si las alertas y avisos emitidos por Senapred, la Dirección Meteorológica de Chile y Sernageomin fueron conocidos y considerados por quienes planificaron y autorizaron la tarea”, indica parte del documento.
“El día del accidente, él nos mandó fotos de cómo estaba trabajando. Él amaba lo que hacía, siempre nos mandaba fotos de las zonas. Y claro, me envió a mí, a mi hermano menor y a mi hermano mayor; y nos comentaba que había demasiada, pero demasiada nieve, que había mucho frío. Eso fue lo que logramos saber de él unas horas antes del accidente”, recordó Camila Guajardo en conversación con Informe Especial.
Maquinaria en mal estado
La demanda también señala un dato clave: Guillermo Guajardo López avisó que la motoniveladora que ocupaba presentaba fallas.
“Según consta en los formularios (...) el Sr. Guajardo operaba una motoniveladora marca Komatsu, modelo GD675, y durante los cinco días previos al accidente, incluido el mismo día de los hechos, dejó constancia escrita y reiterada del mal estado de sus cuchillas", señala el líbelo.
Lo anterior quedó reflejado en el reporte diario de su trabajo, en los siguientes términos:
El 7 de octubre de 2026: “Se recibe motoniveladora con cuchillas rotas”; el 8 de octubre de 2026: “Cuchillas rotas, cambiar urgente”; el 9 de octubre de 2026: “Cuchillas en mal estado”; el 10 de octubre de 2026: “Cuchillas en mal estado”; y el 11 de octubre de 2026, día del accidente: “Cuchillas en mal estado, cambiar urgente”.
La familia pide investigar este tema, para aclarar “si el estado del equipo incidió en el tiempo de exposición de la cuadrilla o en las circunstancias en que se encontraba al momento del alud”.
Riesgo de avalancha y taludes
De acuerdo con el documento, existen formularios de Análisis de Riesgo los cuales registraron que entre el 7 y el 11 de octubre el supervisor a cargo asignó diariamente a Guajardo labores para la empresa San Lorenzo.
“Los días 7, 8 y 9 de octubre la tarea consistió en la reparación de caminos y accesos en plataformas; el 10 de octubre, en la limpieza de camino cubierto de nieve; y el 11 de octubre, día de los hechos, en la limpieza de caminos”, dice el documento.
Además, se afirma que en cada formulario el supervisor identificó expresamente riesgo de “avalancha y taludes”, “asignándole como única medida de control la de “estar atento a los monitoreos y buena comunicación radial”.
Eso sí, el peligro de avalancha no fue incluido entre los riesgos más críticos y específicos del trabajo.
En contraposición, para el riesgo de caída de roca se indicó como medida de control no ingresar, ni permanecer en zonas expuestas.
“Lo anterior permitiría sostener que el riesgo de avalancha no sólo era previsible, sino que fue efectivamente previsto por escrito antes del inicio de la tarea, y que, no obstante ello, la cuadrilla fue destinada a un sector expuesto a dicho riesgo sin una medida de control que eliminara o aislara la exposición”, afirma la querella.
Se repite el patrón
El abogado de la familia, Christian Felipe Berndt Castiglione, afirmó a Informe Especial que “se vuelve a repetir el patrón. La falta de supervisión de Codelco, como la empresa cuprífera más grande de Chile, respecto a la operación. Son accidentes que son evitables. Esperamos que la Fiscalía lo esclarezca y que sea implacable”.
“Vemos sucesos que son impresentables. Acá no hubo un accidente laboral aludible a una falla mecánica. Ahora tenemos un frente climático brutal que cualquier persona con sentido común se habría planteado una alternativa distinta a lo que ocurrió”, agregó.
Consultada sobre el tema, Codelco se abstuvo de emitir comentarios atendido a que existe una investigación en curso.
Pese a ello, este 26 de octubre, el gerente de seguridad de Codelco, Javier Cantuarias, expuso en la Comisión de Minería y Energía del Senado con motivo de una sesión para analizar el accidente.
Cantuarias aclaró durante la intervención que “ese sector estaba con detención de actividades durante los últimos 5 a 6 días de cuando ocurre el evento (avalancha). Habiendo recuperado ya la normalidad del clima se establece comenzar a trabajar y a desplazarse en el área para limpiar el acceso hacia los sectores”.
También afirma que las tareas comenzaron “previa autorización de un equipo de Codelco a cargo de ese sector” y que los involucrados tenían entre sus tareas contractuales la limpieza de caminos.
“Hoy día está la comisión en pleno cierre de la investigación, donde se desenvolvieron una serie de entrevistas a quienes estuvieron presente más todos los ejecutivos, tanto de personal propio como de terceros, para obtener todas las evidencias de por qué ellos estaban allí, cuáles eran las medidas de control, cuáles se aplicaron, cuáles no se aplicaron; donde están las oportunidades y alcanzar definitivamente el control de los procesos bajo circunstancia de operación de invierno, en el sector”, dijo.
“No puedo dejar de mencionar que este invierno fue muy cruento como todos lo hemos visto, que nos ha afectado desde el sur y hasta el extremo norte de nuestro país. También señalar que hay circunstancias de precipitaciones totalmente distintas a las que habíamos visto años atrás; esto significa precipitaciones muy intensas con características de nieve distintas, con intercambio de temperaturas, con una diferencia importante entre la mínima y la máxima. Eso hace que la compactación de la nieve tenga distintas formas de afianzarse sobre el terreno y por supuesto que es un riesgo distinto al que conocíamos”, agregó.
En tanto, desde la empresa San Lorenzo respondieron mediante una declaración pública. "Consideramos importante aclarar que nuestro contrato corresponde a una modalidad de uso de recursos, mediante la cual proporcionamos personal y equipos, mientras que la planificación, asignación de tareas y destino operacional son determinados mediante pautas escritas entregadas diariamente por Codelco o CYGSA (empresa de Inspección Técnica de Obras de Codelco). Sin desconocer nuestras obligaciones como empleador y ejecutor de los servicios, creemos fundamental que esta distinción sea considerada al momento de investigar los hechos y determinar las responsabilidades".
"Desde la suspensión de actividades (11-10-26), no hemos recibido apoyo de ningún tipo por parte de Codelco, ni reconocimiento económico por los costos de nuestros trabajadores y equipos contratados. Distinta ha sido la disposición de Aura Ingeniería, nuestra empresa mandante, que sí nos ha brindado apoyo y colaboración dentro de sus posibilidades, lo que valoramos y agradecemos sinceramente. Sin embargo, la falta de respaldo económico ha generado una situación financiera insostenible, poniendo en riesgo nuestra continuidad e incluso exponiéndonos a una eventual quiebra. Esto nos ha obligado a solicitar el término anticipado de nuestro contrato, ante la imposibilidad de continuar operando bajo estas condiciones", agrega.