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Informe clave

Factores climáticos, topográficos y obras insuficientes: Sernageomin revela causas del aluvión en Las Condes

El documento -preparado después de un vuelo y verificación in situ- establece una pluralidad de factores que derivaron en la tragedia. Por esta razón, observó que se requiere alta tecnología para una revisión constante de la zona, además de las labores propias del MOP, Vivienda y la Municipalidad de Las Condes.

Jorge Molina Sanhueza.

Viernes 16 de octubre de 2026

Múltiples factores provocaron el aluvión en la comuna de Las Condes durante la tarde del 8 de octubre.

Así lo establece un informe elaborado por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), luego de que los especialistas sobrevolaron -el 9 y 10 de octubre pasados- el sector de la quebrada La Honda, punto donde se originó el desplazamiento de masa hacia los sectores urbanizados. La gravedad del fenómeno, obligó al gobierno a declarar “zona de catástrofe”.

El primer factor fue el volumen de precipitaciones registrado en Santiago, donde cayeron entre 6 y 8 milímetros de agua, con una isoterma cero, ubicada por sobre los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Empeoraron el escenario, apuntan, las lluvias entre el 6 y 7 del mismo mes (70 – 140 mm) que superaron las ocurridas el día de la tragedia y habrían generado la saturación de los suelos y sedimentos.

El segundo punto clave es que el incendio precordillerano de 2025 y otros  arrasaron con la cubierta vegetal de la zona. Sin la contención natural de la vegetación, el agua removió tierra hasta transformarla en un flujo de sedimento que arrastró rocas de gran tamaño y árboles, entre otros.

En esa línea, se reactivaron antiguos cauces de regadío y canales naturales “que actualmente se encuentran urbanizados”. Dicho de otro modo, la masa utilizó esas vías “para desplazarse sobre las viviendas (...) lo que provocó un efecto cascada, donde el material avanzó (...) entre propiedades, aumentando significativamente el área impactada”.

Asimismo, el Sernageomin precisó que el evento climatológico y geológico obstruyó los drenajes de la zona. 

“La inspección en terreno del área urbanizada permitió identificar que un factor relevante en el desborde de la quebrada y falta de canalización aguas abajo del cruce con Av. La Plaza, se debió al colapso del sistema de box culvert . Debido a la acumulación de bloques de hasta 2 m de diámetro, sedimentos y material vegetal, se generó una obstrucción que implicó el desborde y una trayectoria descontrolada del flujo de detritos hacia la red vial y el área urbanizada”.

No obstante, el informe apunta a que un funcionamiento óptimo tampoco habría evitado la catástrofe, dado el tamaño del material desplazado con rocas que  medían más de dos metros y 60 centímetros de diámetro.

Y agrega: “Una vez desbordado el sistema de conducción de la quebrada, el flujo fue controlado principalmente por la topografía urbana”.

Lo llamativo es que tanto la descripción del fenómeno como la estimación de su impacto ante eventos climatológicos de esta magnitud, ya constaban en un informe del propio Sernageomin elaborado a principios de año. 

Pero mucho antes, agrega, el 2003, otro estudio advierte que “el área afectada comprende una zona definida como Alto peligro por remociones en masa del tipo flujo de detritos y para inundaciones. La zona es proclive a tener este tipo de peligros dada su pendiente.

Tras la reciente catástrofe, la Fiscalía Oriente abrió una investigación con el fin de establecer eventuales responsabilidades penales por  negligencia funcionaria.

Llamado de atención

En el documento reciente del Sernageomin al que accedió Informe Especial se emiten diversas observaciones dirigidas a cuatro organismos clave: Senapred,  Ministerio de Obras Públicas (MOP), Municipalidad de Las Condes y la cartera de Vivienda.

En el caso del Senapred, el organismo técnico  instruye mantener activa y permanentemente una mesa técnica “con autoridades locales y organismos competentes, para integrar insumos cartográficos”.

Estas directrices apuntan al uso constante de tecnología avanzada -como drones, topografía, modelos de elevación digital- además del registro de eventos históricos y la revisión del estado de las obras de mitigación.

Asimismo, el informe plantea la necesidad de optimizar las medidas de evacuación y los “protocolos de acción ante amenazas de remociones en masa”, además de  “implementar monitoreo sistemático de variables meteorológicas desencadenantes en las zonas cordilleranas”.

Datos in situ

Por su parte, el MOP también deberá ejecutar “limpieza y mantenimiento periódico de cauces para (...) prevenir bloqueos durante crecidas rápidas”.

De acuerdo con el informe, la secretaría de Estado tiene la obligación de realizar estudios técnicos “para el diseño de obras de control aluvional y manejo de aguas lluvias”.

A lo anterior, se suma la instrucción de realizar visitas conjuntas con el MOP para “levantar datos in situ y evaluar el rediseño de puentes y secciones de cauces considerando la magnitud de eventos recientes”.

La Municipalidad de Las Condes también recibió directrices específicas como realizar estudios detallados que definan las  zonas urbanas expuestas, la  evolución de  antiguos cauces de la quebrada y cambios de pendiente. Además deberá revisar las zonas de riesgo del Plan Regulador Comunal y Metropolitano que indican una faja de protección de 40 metros a cada lado de los cauces como zona de riesgo que deberá permanecer como áreas verde. Por último, no deberá autorizar asentamientos, ampliaciones o construcciones en zonas de posibles aluviones sin un estudio de peligros naturales.

“Es fundamental disponer de infraestructura que no se vea colapsada y por tanto permita un manejo eficiente de los cursos preferenciales del drenaje”, agrega.

Por último, recomendó al Ministerio de Vivienda, integrar los resultados del informe aludido al Plan Regulador Metropolitano de Santiago.

En esa línea, el Sernageomin apuntó a las modificaciones recientes de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Las normas y regulaciones geográficas -sigue- permitirán “verificar la concordancia entre los resultados del estudio y el marco normativo y de planificación territorial, así como evaluar la necesidad de actualizar los estudios de riesgo”.