En medio de la interminable crisis del Internado Nacional Barros Arana (INBA), la comunidad del emblemático recinto de Santiago Centro decidió enviar un oficio a la Superintendencia de Educación (Supereduc) denunciando abandono de deberes, pérdida de clases y vulneración del derecho a la educación.
A través de un documento entregado este miércoles a la Unidad de Protección de Derechos Educacionales del ente fiscalizador, y firmado por la "Comunidad de apoderados, estudiantes, profesores, funcionarios y exalumnos del INBA", realizaron un total de cinco peticiones.
En primer lugar, la "intervención inmediata de la Superintendencia de Educación en el INBA", además de la "instrucción de procedimiento administrativo sancionatorio contra el sostenedor (Municipalidad de Santiago)" y la "garantía de un plan efectivo de recuperación de clases y de alimentación escolar".
Asimismo, requirieron que la Supereduc oficie "a Junaeb y a la Dirección de Educación Municipal por incumplimientos constatados" y, por último, soicitaron "dispocisión de acompañamiento psicosocial y académico para estudiantes neurodivergentes y vulnerables".
El 2025 en el INBA
En la presentación de la comunidad del INBA, detallaron una serie de hechos relevantes que se habrían registrado durante este año escolar, y que reflejarían el sustento de la denuncia.
Por ejemplo, apuntaron que sólo en abril se registraron 36 "despachos". Es decir, que la jornada de clases se vio interrumpida y debieron enviar a los alumnos a sus casas.
Asimismo, enfatizaron que los desórdenes han tenido un impacto en la alimentación de Junaeb, con 23.832 raciones perdidas. A ello sumaron la implementación de "clases híbridas árbitrarias" tras una resolución del 19 de agosto pasado.
En tanto, también aludieron a "paros docentes y asambleas sin reposición de contenidos", "maltrato verbal del rector interino y audio discriminatorio contra estudiantes TEA" y otras "denuncias formales de apoderadas ante la Superintendencia".
Por otro lado, remarcaron el decenso de la matrícula: de 843 a 702 estudiantes, y de 96 a 40 internos, de acuerdo con las cifras aportadas por la comunidad.
Todo ello, sin mencionar la "estigmatización externa", "funciones indebidas del inspector de patio en procesos disciplinarios" y "hechos de violencia no gestionados mediante protocolos".
Impacto de la crisis
En su análisis presentado al órgano fiscalizador, subrayaron que "las suspensiones reiteradas de clases han tenido un impacto directo en el aprendizaje, la salud mental y la vinculación escolar. Evidencia nacional del Centro de Estudios MINEDUC y del Plan de Reactivación Educativa demuestra que la pérdida de clases en contextos vulnerables agrava la deserción y profundiza la brecha educativa".
En tanto, "a nivel internacional, estudios de UNESCO, UNICEF, CEPAL, el Banco Mundial y la OCDE (PISA) confirman que las clases remotas prolongadas afectan con mayor severidad a estudiantes de bajos recursos", aseguraron.
A nivel jurídico, por otra parte, argumentaron que "la Superintendencia de Educación, en dictámenes de 2023, ha reiterado que las cancelaciones de matrícula, expulsiones o suspensiones colectivas de clases sin debido proceso constituyen vulneraciones graves al derecho a la educación, ordenando la adopción de medidas inmediatas de restitución".
En consecuencia, insistieron en su presentación que "tanto la normativa vigente como la jurisprudencia consolidada establecen que las suspensiones reiteradas de clases, la ausencia de reposición, el maltrato verbal por parte de autoridades y la implementación arbitraria de medidas como la modalidad híbrida constituyen vulneraciones manifiestas al derecho a la educación y a la inclusión".
En definitiva, al parecer de la comunidad que envió el oficio, "la omisión del sostenedor y del equipo directivo configura abandono de deberes y exige la intervención inmediata de esta Superintendencia".
Las huellas de la tragedia
Con todo, la petición es consecuencia de una escalada de violencia que vivió su punto más álgido el 23 de octubre del año pasado, cuando una explosión al interior de un baño dejó a 33 estudiantes y dos profesores heridos.
Al respecto, un reciente reportaje de Informe Especial recopiló documentos clave de la investigación, videos exclusivos y entrevistas que permitieron reconstruir qué ocurrió aquella jornada.
Según declaró un querellante del caso, una casual combinación abrió paso a la tragedia. De acuerdo con su versión, la escena fue así: un encapuchado prendió fuego a su overol. En paralelo, otro tiró una molotov. Y si bien habría estado apagada, esparció su combustible sobre los elementos que ya estaban ardiendo.
Luego del suceso, la Dirección de Educación Municipal, en ese entonces a cargo de Rodrigo Roco, envió a Fiscalía un informe que apuntó a la posible participación de adultos en hechos violentos en liceos emblemáticos. Dicho reporte advirtió que habría ayuda económica para costear implementos y un supuesto modus operandi en relación a estos episodios.
A 10 meses de la explosión en el Internado Nacional Barros Arana (INBA), la investigación continúa desformalizada.
Consultada por Informe Especial sobre las peticiones de la comunidad, la Municipalidad de Santiago afirmó que responderán en tiempo y forma una vez que la Superintendencia de Educación inicie el procedimiento correspondiente. En efecto, de acuerdo a fuentes de IE, el municipio no ha sido notificado de ninguna acción al respecto.