La Corte de Apelaciones de Coyhaique acogió un recurso de protección presentado en favor de los adultos mayores que viven en el Establecimiento de Larga Estadía para Personas Mayores (ELEAM) Eliana Contreras Monje de Coyhaique. Además, concedió la orden de no innovar para proteger a los residentes.
Cabe recordar que, en septiembre pasado, el diputado René Alinco (Ind) denunció violencia física, posibles abusos sexuales, falta de insumos y deficiente atención médica en el mismo ELEAM. Incluso, el parlamentario mostró fotografías que supuestamente corresponden a residentes del lugar, con heridas y golpes.
Las denuncias por violencias y servicio de atención corresponden a 2026 y las de eventuales agresiones sexuales a 2025.
En el mismo Eleam también se han reportado cinco fallecimientos durante septiembre, de los cuales se investigan las causas y su relación con los hechos denunciados.
Pocos días después, la resolución del tribunal de alzada declaró admisible la acción y pidió al Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud de Aysén y la Fundación Iberoamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores, entregar informes con “todos los antecedentes que obren en su poder relativos a los hechos denunciados, especialmente aquellos referidos a las condiciones sanitarias y asistenciales del establecimiento, las fiscalizaciones y medidas correctivas adoptadas y la eventual modificación de su administración”.
La Corte argumentó la decisión se sustenta en “la naturaleza de los hechos denunciados, la especial situación de vulnerabilidad y dependencia de las personas mayores residentes del Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores Eliana Contreras Monje de Coyhaique, y con el objeto de resguardar preventivamente su vida e integridad física y psíquica mientras se sustancia la presente acción constitucional”, fundamentó la Corte.
Según información oficial de la Fundanción Iberoamericana, desde el 01 de julio de 2026 está a cargo de la gestión del ELEAM es cuestión.
Carácter urgente
El mandato judicial también apunta que la Seremi de Salud de Aysén debe practicar o verificar una evaluación sanitaria del establecimiento “con carácter urgente”. Los resultados y medidas adoptadas de esta deben ser enviados a la Corte dentro del plazo de tres días, partiendo desde este martes. Es decir, antes del viernes.
También se indica que “la entidad operadora del establecimiento mantenga, sin interrupción, la prestación de los cuidados esenciales de sus residentes, especialmente en lo relativo a alimentación, higiene, administración de medicamentos prescritos, disponibilidad de insumos indispensables y procedimientos de derivación médica”.
Además, se ordena que el Servicio Nacional del Adulto Mayor supervise la continuidad de los cuidados y adopte medidas para prevenir interrupciones en la atención de los residentes, las cuales deben ser informadas a la Corte de igual forma en el plazo de tres días.
“Para SENAMA, la prioridad es resguardar en todo momento el bienestar y la dignidad de las personas mayores que viven en residencias del Estado. En este sentido, y en cumplimiento de lo dispuesto por el tribunal y dentro del ámbito de nuestras atribuciones, continuaremos adoptando las medidas necesarias para supervisar el cumplimiento y la continuidad de los cuidados que deben recibir las personas mayores residentes en el ELEAM Eliana Contreras Monje de Coyhaique, con pleno resguardo de sus derechos. Asimismo, dentro de nuestro accionar, estamos realizando las acciones pertinentes para prevenir cualquier interrupción en la atención de las personas residentes, particularmente frente al cambio de administración del establecimiento.
Nuestro compromiso es que las personas mayores continúen recibiendo el cuidado y la atención que requieren de manera permanente”, dijo a Informe Especial la directora nacional de SENAMA, Muriel Abad.
Desde la Seremi de Salud de Aysén, manifestaron durante el año 2026 han fiscalizado el ELEAM en cuatro ocasiones (03 de marzo, 08 y 11 de septiembre, y 15 de octubre). En la segunda, "el Programa de Personas Mayores del Departamento de Salud Pública de la Seremi efectuó una visita de supervisión del establecimiento donde se registraron 66 residentes y se informó mediante oficio a SENAMA que dos personas permanecían hospitalizadas por cuadros respiratorios, revisión que comprendió condiciones de habitabilidad, cuidados, medicamentos, equipamiento y recurso humano. De esta visita se solicitaron acciones correctivas y un plan de mejora cuya remisión se fijó para el 16 de noviembre próximo".
Luego, el 11 de septiembre un equipo del Departamento de Acción Sanitaria formuló exigencias específicas referidas a condiciones de higiene, organización sanitaria y funcionamiento del establecimiento. En tanto, en la tercera ocasión se constató la subsanación quedando pendiente una exigencia relativa a la certificación del operador de caldera del recinto.
"Dando cumplimiento a la solicitud de la Corte de Apelaciones, un equipo de la autoridad sanitaria realizará una nueva visita este jueves, destinada a verificar el cumplimiento de exigencia pendiente y las condiciones sanitarias que sean objeto de revisión”, agregó el seremi Jorge Pérez Urra.
Muertes y atención dudosa
El recurso de protección -interpuesto por el diputado Alinco y familiares de tres residentes y representados por Rodrigo Álvarez Seguel- se fundamenta en cinco hechos.
El primero respecto a las cinco personas fallecidas en el mismo establecimiento en septiembre de este año. Según los antecedentes comunicados por SENAMA, tres defunciones estuvieron asociadas a influenza, una a sepsis de foco urinario y otra, a falla multiorgánica.
“La concentración de estos hechos exige verificar las condiciones actuales de atención, prevención de infecciones y respuesta ante emergencias. No se atribuye mediante esta acción responsabilidad por la causa de las muertes”, indica el documento.
En segundo lugar se mencionan las “deficiencias asistenciales denunciadas y conocidas por la administración” y cita documentos sobre problemas de higiene, administración de medicamentos, prevención de lesiones y equipamiento para residentes dependientes.
También se habla de una “amenaza” para quienes permanecen en el establecimiento. “SENAMA ha informado actuaciones de supervisión, pero los antecedentes disponibles no permiten comprobar qué deficiencias fueron subsanadas”.
Luego, se menciona un eventual cambio de operador del ELEAM. Fundación PRODERE asumiría la administración a fines de octubre.
“Dicha fundación registra una resolución sancionatoria administrativa en un programa distinto, relativo a niñez y adolescencia, lo que no constituye por sí mismo una inhabilidad ni acredita un riesgo asistencial en este establecimiento. Lo relevante es que, tras los hechos de septiembre, cualquier cambio de operador debe asegurar sin interrupción la dotación, los medicamentos, los tratamientos, los registros clínicos, la alimentación y las derivaciones de urgencia”, describe.
Y por último, advierten sobre el “riesgo sanitario y continuidad de la vigilancia epidemiológica”, a propósito de las muertes causadas por influenza.
Consultados por Informe Especial, la fundación señaló vía mail: "nuestra institución esta provisoriamente en ELEAM desde julio hasta finales de octubre y las causas que se estan denunciando son en general por situaciones ocurridos años atrás y no tenemos antecedentes por no ser parte de la investigación que se lleva a cabo".
"Lamentamos no tener mayor antecedente que aportar en esta oportunidad y agradecemos que nos hayan preguntado, ya que por falta de información se ha entendido que esta institución estaba involucrada en los hechos de violencia expuestos, que ocurrieron en epocas anteriores", indicaron.