La Contraloría General de la República (CGR) destapó graves anomalías en Carabineros respecto al trabajo de fiscalización que deben realizar a las armas en poder de particulares.
De acuerdo a la auditoría que realizó el organismo fiscalizador, la policía uniformada no efectuó las denuncias al Ministerio Público cuando las personas no fueron encontradas en los domicilios registrados ante la autoridad.
Más aún, cuando revisaron el sistema informático —en el marco del plan “Calles sin Violencia"— hubo al menos 14 inspecciones que aparecían ingresadas en la plataforma, pero la CGR no pudo acreditar que ello fuera efectivo.
En la misma línea, el órgano de control descubrió armas en poder de sujetos que contaban con antecedentes penales.
“Se detectaron 159 reinspecciones, asociadas a 223 armas vinculadas a 153 personas, en las cuales los usuarios registrados de armas que mantenían condenas, no fueron hallados en los domicilios o el arma no fue exhibida en la fiscalización, sin que la autoridad (...) realizara la correspondiente denuncia al Ministerio Público”, detallan las conclusiones del ente fiscalizador.
No fue lo único. También se descubrió que en 30 fiscalizaciones hubo personas “registradas como fallecidas y el arma no fue hallada en el domicilio inscrito o no se acreditó que haya sido transferida en el plazo”.
Asimismo, en otros 46 casos se detectó que “no se encontró la presencia de familiares del difunto en el domicilio inscrito o la dirección declarada no existía”.
Irregularidades sin denuncia
A renglón seguido, detalla el informe, Carabineros inspeccionó 37 armas relacionadas con 26 personas; las cuales, de acuerdo a la plataforma interna, fueron inspeccionadas “sin advertirse irregularidades, en circunstancias en que se comprobó que los usuarios registrados tenían alguna condena por crimen o simple delito”.
Según advirtió la CGR, en dichos episodios “el arma debió ser incautada o, en caso de no ser posible, efectuarse la correspondiente denuncia al Ministerio Público, lo que no ocurrió en ninguno de estos casos”.
A raíz de la gravedad de los hechos establecidos, la CGR envió los antecedentes a la fiscalía para que inicie una o más investigaciones por existir hechos que podrían constituir delitos.