El senador Rojo Edwards presentó un oficio ante la Contraloría General de la República para que el organismo se pronuncie sobre las grandes caídas registradas por los fondos D y E, hecho que ha bajado de gran manera los ahorros previsionales de las personas y afectando principalmente a quienes están en edad de jubilación.
De acuerdo al documento, al cual tuvo acceso 24horas.cl, "esta situación resulta especialmente preocupante tratándose del Fondo E, considerado el de menor riesgo relativo del sistema de multifondos".
Edwards advirtió que en los últimos años hubo una "exposición" de los instrumentos en materia de fondos, siendo necesario determinar "si las disposiciones administrativas que permitieron dicha exposición se ajustaron a las facultades legales de la autoridad y respetaron los límites de riesgo correspondientes a los distintos fondos".
"Asimismo, corresponde examinar si las autoridades ejercieron adecuadamente sus atribuciones de regulación y supervisión frente a los riesgos identificados", añadió.
"Eventuales vicios de legalidad"
Bajo este contexto, el oficio de Edwards busca que el organismo liderado por Dorothy Pérez pueda, por un lado, pronunciarse sobre "la legalidad de los actos administrativos que autorizaron o regularon la exposición de los Fondos D y E a derivados vinculados a tasas de interés extranjeras".
Igualmente, la arremetida del parlamentario intenta que Contraloría "examine la compatibilidad de dichas autorizaciones con las disposiciones legales sobre límites de inversión, administración de riesgos y diferenciación entre tipos de fondos de pensiones, particularmente el carácter de menor riesgo relativo del Fondo E".
Junto a pedir, en caso de ser necesario, antecedentes técnicos y jurídicos a los organismos implicados, la instancia también tiene como fin "determinar si existen eventuales vicios de legalidad que ameriten medidas correctivas o el ejercicio de otras atribuciones fiscalizadoras, incluyendo la determinación de las responsabilidades administrativas que pudieran corresponde".
"La presente solicitud busca resguardar la legalidad de las decisiones regulatorias y la debida protección de los ahorros previsionales de los trabajadores chilenos", sentenció.
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