El ministro de Justicia, Fernando Rabat, aseguró que entregarán la información relativa a los 56 decretos que permitieron liberar a condenados por delitos sexuales contra menores de edad, enfatizando que son "datos sensibles" y que el retraso del proceso se debe a la cantidad de solicitudes recibidas.
Según dijo la autoridad, "estamos frente a información que tiene datos sensibles, que hay que tratarlas con cuidado y, por lo tanto, efectuamos todo aquello" para su conocimiento.
"Entiendan que tengo decenas de requerimientos de información; en alguno de ellos, incluso, me están pidiendo la información desde el año 2003. O sea, estamos hablando de mucha información y la vamos a entregar cumpliendo con la legalidad", complementó.
Cabe señalar que la Contraloría General de la República dijo estar "constituida desde la semana pasada en el Ministerio de Justicia fiscalizando la materia".
"A su vez, en cuanto a la presentación de varios parlamentarios, en que piden un pronunciamiento jurídico a la Contraloría sobre una posible falta de respuesta de dicha cartera ministerial a la Defensoría de la Niñez, se está requiriendo informe a ese ministerio", afirmó el ente.
Sin dar plazos, Rabat subrayó que "estamos trabajando para hacerlo lo más pronto posible, pero, insisto, debemos tener cuidado, porque hay datos sensibles de personas que están amparados por la ley".
"No soy comentarista del señor Presidente"
Consultado sobre el blindaje dado por el Presidente Kast, quien dijo asumir el costo político de la crisis, Rabat afirmó que "es una respuesta suficiente sobre la materia".
"Yo no soy un comentarista del señor Presidente de la República. Yo estoy acá para hacer mi trabajo. Los quiero llamar una vez más: aquí hay vacíos importantes en la legislación relacionada con la Ley 19.856 que hay que solucionar. Hoy día tenemos también mesas técnicas y estamos con legisladores trabajando con todo el ámbito relacionado con la víctima. Creo que esa es la mirada que debe haber", añadió.
El jefe de Estado no respondió ante una posible renuncia, sentenciando que una posible salida responde a decisiones "políticas" del Mandatario.
"Esas son respuestas de orden político que a mí, como ministro de Justicia y Derechos Humanos, no me corresponden", finalizó.
