El vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, descartó un cambio de gabinete y aseguró que "todos los ministros cuentan con la confianza del Presidente de la República".
La declaración se produjo tras comité político encabezado por José Antonio Kast que se extendió por al menos tres horas, instancia en la que también confirmó la instrucción de un sumario administrativo en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por la filtración de decretos relacionados con la rebaja de condenas a personas condenadas por delitos sexuales.
"Se desarrolló un sumario para ver cómo llegó esa información que muchas veces contiene información privada", recalcó Arenas.
La investigación interna fue ordenada por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, luego de que se hicieran públicos antecedentes de algunos de los 56 decretos firmados sobre beneficios penitenciarios. El procedimiento busca determinar cómo se produjo la filtración, identificar a los responsables y establecer si se cumplieron los protocolos de resguardo de información sensible, especialmente aquella relacionada con las víctimas.
Arenas sostuvo que el Ministerio debía iniciar una investigación para esclarecer cómo esa información llegó a distintos medios de comunicación y verificar si se adoptaron las medidas de protección correspondientes.
"Al ver que hay tanta información circulando en muchos medios, por supuesto que el ministro tenía que establecer algún sumario para ver si se estaban resguardando o no las medidas que corresponden a este tipo de delitos, sobre todo pensando en las víctimas", explicó.
"Efectivamente, se ha desarrollado, o se desarrolló, un sumario para ver cómo llegó esa información que muchas veces contiene información privada", añadió.
En paralelo, el vocero abordó los cuestionamientos al marco legal que permitió otorgar estos beneficios penitenciarios y anunció que el Gobierno buscará derogar la normativa vigente desde 2003. "Vamos a cortar el problema de raíz y esa ley del 2003 va a quedar absolutamente derogada", afirmó.
Finalmente, el Gobierno reiteró que el sumario administrativo permitirá establecer eventuales responsabilidades por la divulgación de información privada y determinar si existieron fallas en los mecanismos de confidencialidad y protección de los antecedentes de las víctimas.