El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, anunció que el Gobierno pondrá suma urgencia a los proyectos de ley que buscan impedir que condenados por delitos sexuales contra menores puedan acceder a beneficios de rebaja de condena. La autoridad además adelantó que el Ejecutivo presentará una iniciativa propia para modificar la legislación vigente y cerrar los vacíos que han permitido que estos casos lleguen a ser resueltos por los tribunales.
En entrevista con Teletrece, Rabat sostuvo que la solución debe abordarse mediante cambios legales que entreguen mayor certeza jurídica y eviten que situaciones similares vuelvan a ser revisadas a través de recursos judiciales. “No vamos a dejar que este asunto se vuelva a revisar por la Corte Suprema vía amparos porque vamos a iniciar la tramitación de proyectos legales con suma urgencia, a objeto de poder cerrar la puerta a los beneficios para los abusadores sexuales”, afirmó.
El ministro explicó que la propuesta que prepara su cartera busca establecer que los requisitos para acceder a estos beneficios sean evaluados de acuerdo con la normativa vigente al momento en que se presenta la solicitud. Según detalló, el criterio seguiría la lógica que actualmente se aplica para la libertad condicional bajo el Decreto Ley N.º 321, con el objetivo de evitar nuevas interpretaciones respecto de las condiciones necesarias para acceder a este tipo de beneficios.
Rabat también se refirió a los 56 decretos de rebaja de condena que han sido cuestionados. Al respecto, precisó que desde febrero de 2022 la legislación excluye expresamente de este beneficio a quienes fueron condenados por delitos sexuales contra menores. Sin embargo, explicó que en condenas anteriores a esa modificación se consideraron las normas constitucionales y legales que impiden aplicar retroactivamente una ley penal en perjuicio de una persona condenada, además de la jurisprudencia de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional.
“Tomamos el problema, establecemos un diagnóstico y buscamos la forma de solución. Y no nos escudamos simplemente en las decisiones que toman los tribunales de justicia”, sostuvo el ministro. En esa línea, confirmó que el Ejecutivo respaldará las mociones actualmente presentadas en la Cámara de Diputados y el Senado, junto con impulsar su propio proyecto. “Vamos a evitar que existan nuevos beneficios que se otorguen a estos condenados por delitos graves y, por tanto, vamos a abordar el problema y vamos a evitar que en el futuro se repita la situación”, concluyó.
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