El Gobierno ingresó este lunes a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que reforma el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). La iniciativa modifica la Ley N°20.405, que creó el organismo, y apunta a cambiar su gobernanza, su mandato y la forma de elegir a sus consejeros.
El cambio más llamativo es que el INDH ya no podría presentar querellas criminales. Según el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, con este proyecto se busca "realzar" que la institución tenga "un rol consultivo en materia de Derechos Humanos y no un rol persecutor en materia penal".
Personal del INDH en una manifestación - Agencia Uno
El secretario de Estado agregó que la Constitución ya entrega esa tarea a otro organismo: "Hoy la Constitución Política le reserva al Ministerio Público el ejercicio de las acciones penales y, por lo tanto, no tiene sentido que el Instituto Nacional de Derechos Humanos también tenga esa facultad".
Lo que sí mantendría el INDH son los recursos de protección y de amparo. También seguiría en las querellas que ya presentó antes de que la ley se publique, hasta que haya sentencia.
Menos miembros del Consejo y un director ejecutivo
Hoy el Consejo tiene 11 integrantes. El proyecto lo reduce a cinco, con mandatos de cuatro años y una sola reelección. Dos serían designados por el Senado, dos por la Cámara de Diputados y uno por los decanos de las escuelas de Derecho.
Además, se crea el cargo de director ejecutivo. Hoy el director del INDH dirige el Instituto y también lo administra. Con la reforma, el Consejo definiría la línea estratégica y las decisiones importantes, mientras que el director ejecutivo, elegido por concurso público, se encargaría de la gestión diaria.
"Es simplemente una cuestión de orden estructural, distinguir lo que es el Consejo del director ejecutivo, justamente para lograr una mayor eficiencia en el uso de atribuciones, recursos y para lograr de mejor manera el rol consultivo que le estamos asignando", aseguró Rabat.
Cabe mencionar que los actuales consejeros cesarían en sus cargos cuando se designe el nuevo Consejo, lo que debe ocurrir dentro de los 60 días siguientes a la publicación de la ley. Ese primer consejo duraría solo dos años.
Otros cambios propuestos para el INDH
En esa misma línea, el proyecto cuenta con una serie de modificaciones, tales como:
- Más requisitos para ser consejero: no podrían serlo parlamentarios, alcaldes, concejales, ministros ni otras autoridades, hasta un año después de dejar el cargo.
- Registro de organizaciones: para inscribirse, deberán tener al menos tres años de antigüedad (hoy es uno) y dedicarse efectivamente a los derechos humanos.
- Informe Anual: tendrá contenido mínimo, incluyendo cuánto se cumplieron las recomendaciones del Instituto y en qué se gastó el presupuesto.
- Estatutos propios: el Consejo los dictaría sin necesidad de un decreto supremo del Presidente.
Según el documento de la iniciativa, esta reforma implicaría una reducción del gasto fiscal equivalente a unos $1.210 millones el primer año, $3.113 millones el segundo y $3.721 millones anuales una vez que esté completamente implementada.
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