La Contraloría General de la República solicitó a la Superintendencia de Pensiones un informe para conocer cómo ha ejercido su rol de vigilancia sobre el actuar de las AFP. El requerimiento fue emitido a partir de una presentación realizada por la bancada de diputados de la Democracia Cristiana y establece un plazo de 10 días hábiles administrativos para que el organismo entregue su respuesta.
En concreto, Contraloría remitió a la Superintendencia una copia de la presentación parlamentaria para que informe “al tenor de lo expresado en ella por la recurrente”. De esta manera, el organismo deberá abordar los antecedentes planteados por los legisladores respecto del funcionamiento y fiscalización de las administradoras de fondos de pensiones.
El oficio establece además que el informe deberá ser preparado con intervención de la asesoría jurídica o de un abogado de la Superintendencia, salvo que el asunto no involucre la aplicación o interpretación de normas jurídicas o reglamentarias, o que el organismo no cuente con ese profesional. Junto con la respuesta, deberá remitir todos los antecedentes necesarios para que Contraloría pueda resolver adecuadamente la presentación.
El requerimiento se conoce en medio de los cuestionamientos surgidos por el desempeño de los fondos de pensiones y las operaciones con derivados. En ese contexto, el superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez, elevó recientemente a más de US$10 mil millones la cifra de pérdida de valoración asociada a estas operaciones, considerando los cinco fondos. El oficio de Contraloría, sin embargo, se limita a solicitar antecedentes y no establece por sí mismo la existencia de irregularidades en la actuación de la Superintendencia.
