La tensión entre la Municipalidad de Peñalolén y la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) escaló un nuevo peldaño. El alcalde de la comuna, Miguel Concha, manifestó públicamente su molestia frente al retraso en la regularización de una deuda superior a los $172 millones por parte del organismo deportivo, reprochando además los reiterados intentos de este por acceder a condiciones especiales de pago.
El conflicto se profundizó tras la clausura de la sede de la ANFP —ubicada en Avenida Quilín— decretada el pasado 28 de octubre, luego de constatarse que las instalaciones no contaban con la recepción definitiva de obras.
Pese a que desde el consistorio recalcan haber mantenido abiertas las puertas al diálogo para subsanar tanto la situación tributaria como la constructiva del predio, las tratativas se entramparon.
De acuerdo con antecedentes entregados por el municipio, durante las negociaciones para estructurar un mecanismo de pago, la directiva del fútbol presentó una contrapropuesta con modificaciones directas a los estándares fijados por la administración comunal.
Entre los reparos de la casa edilicia destaca la intención de la ANFP de introducir excepciones que no aplican a ningún otro contribuyente, debilitando las garantías jurídicas municipales ante un potencial incumplimiento e incluso exigiendo cláusulas especiales que contemplaban la devolución de dineros.
Ante este escenario, la máxima autoridad comunal fue tajante: "La ANFP a la fecha no nos ha pagado un peso y pide condiciones especiales".
"No solamente pretendían cambiar el mecanismo de pago que exige el Municipio a todos los contribuyentes, sino que además incorporar cláusulas hechas a su medida para resguardar sus propios intereses. Acá no hay privilegios. Las reglas son las mismas para todos nuestros vecinos y una institución como la ANFP no tiene por qué recibir un trato distinto", fustigó Miguel Concha.
Finalmente, el alcalde reiteró que el municipio sostiene su disposición para colaborar en la normalización legal y tributaria de la entidad, pero condicionó cualquier avance a la reciprocidad institucional.
"Tenemos toda la disposición para regularizar sus obras, su deuda y su patente. Pero para eso se requiere que ellos tengan la voluntad de actuar como un vecino más de Peñalolén", sentenció.
