El ministro de Justicia, Fernando Rabat, informó la suspensión temporal de la tramitación de decretos que permite la rebaja de condena a violadores de menores de edad.
De acuerdo a lo señalado por el secretario de Estado, junto a los citados decretos, Rabat también instruyó pausar las "medidas legislativas destinadas a impedir que personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes continúen accediendo a estos beneficios".
La cartera enfatizó que la acción responde "tras un análisis de la normativa vigente que, según explicó la autoridad, permitió identificar un vacío legal relacionado con la aplicación de las restricciones a las rebajas de condena para personas sentenciadas antes de 2022".
Al respecto, el ministro Rabat subrayó que el objetivo principal es "abordar este problema, promoviendo y dando urgencia a una serie de proyectos de ley para impedir que se sigan otorgando estos beneficios a personas condenadas antes del año 2022".
"Mientras tanto, vamos a dejar suspendida la tramitación de estos decretos, porque con la discusión inmediata de las iniciativas podremos zanjar esta situación en un breve tiempo y darle tranquilidad a la ciudadanía
suspendida la tramitación de estos decretos", complementó el ministerio.
La institución además afirmó las medidas consideradas para evitar la reiteración de situaciones similares, destacando proyectos de ley con discusión inmediata en el Congreso Nacional.
Dentro de las acciones informadas, se incluye un proyecto de ley que reformará el trámite para acceder a la reducción de condena por buena conducta.
La iniciativa precisará los criterios de exclusión, fijará una regla de temporalidad sobre las condiciones exigibles a los postulantes y garantizará el derecho de las víctimas a ser escuchadas, además de sumar indicaciones para acotar estos beneficios.
En paralelo, el Gobierno promoverá el proyecto —actualmente en segundo trámite en el Senado— para crear los Tribunales de Ejecución de Penas. Esta propuesta busca que sean jueces, y no las comisiones especiales vigentes, quienes evalúen y resuelvan las solicitudes de libertad condicional y otros beneficios penitenciarios.
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