El aumento de la actividad comercial durante los últimos meses del año también plantea nuevos desafíos de ciberseguridad para las empresas logísticas. En medio del debate sobre una eventual postergación de la entrada en vigencia de la Ley N° 21.719 de Protección de Datos Personales, el sector debe reforzar sus medidas para evitar filtraciones de información y posibles interrupciones de sus operaciones.
Un ciberataque contra un operador logístico puede generar consecuencias que van más allá del robo o la exposición de datos. La caída de sus sistemas puede afectar el control de inventarios, la preparación de pedidos y la coordinación de despachos, impactando también a las empresas que dependen de estos servicios para cumplir con sus clientes.
Desde TW Logística advierten que la preparación frente a estas amenazas debe mantenerse independiente de los plazos de implementación de la normativa. La compañía considera marcos internacionales como ISO 27001 y NIST dentro de su estrategia de ciberseguridad.
“Independientemente de si la entrada en vigencia de la ley se concreta en diciembre o se posterga, la protección de los datos de los consumidores y la continuidad operacional son exigencias del mercado. Un ciberataque puede comprometer información y afectar la operación comercial de un cliente si no existen planes para enfrentar estas contingencias”, señala Manuel Gajardo, analista de Ciberseguridad de TW Logística.
Las conexiones digitales, entre los puntos vulnerables
Uno de los principales aspectos que deben revisar las empresas son las integraciones entre las tiendas online, los centros de distribución, los sistemas de facturación y las compañías de transporte. Estas conexiones permiten coordinar la cadena logística, pero también pueden convertirse en puntos vulnerables si no cuentan con las medidas de protección adecuadas.
Una falla de seguridad en alguno de estos sistemas puede comprometer el intercambio de información y afectar el funcionamiento de las operaciones. Por ello, la revisión de los permisos de acceso, las auditorías de seguridad y la evaluación de los proveedores tecnológicos y transportistas subcontratados son medidas relevantes para reducir los riesgos.
A esto se suma la necesidad de contar con respaldos de información y planes de recuperación ante desastres que permitan restablecer los sistemas afectados en caso de un incidente.
La preparación busca reducir los tiempos de interrupción y evitar que un ataque informático termine paralizando las operaciones, especialmente en periodos de alta demanda comercial, cuando los retrasos en los despachos pueden tener efectos directos en la experiencia de los consumidores y en el funcionamiento de las empresas.
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