Durante la pandemia del COVID-19, el Estado instaló un hospital modular de campaña en una cancha de fútbol colindante con el Hospital Barros Luco para enfrentar la emergencia sanitaria. El recinto tenía capacidad para 100 pacientes y funcionó desde junio de 2020 hasta el 31 de octubre de 2021, fecha en que comenzó su cierre definitivo.
Sin embargo, una auditoría de Contraloría constató que, tras el cierre, los bienes del hospital modular quedaron almacenados y sin uso público. Estos fueron traspasados desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales al Servicio de Salud Metropolitano Sur (SSMS).
Hospital modular Barros Luco - Agencia Uno
Según el organismo fiscalizador, la falta de gestiones para definir su destino mantuvo inmovilizados bienes públicos valorizados en $2.857 millones durante más de cuatro años.
Además, Contraloría formulará un reparo por $859.629.807, correspondiente a la depreciación contabilizada de los activos entre 2022 y mayo de 2026. Este monto se relaciona con la pérdida de valor registrada contablemente y no equivale necesariamente a una salida de dinero.
El informe también detectó que el SSMS registró un ajuste por deterioro de $1.996.594.444 sin contar con la autorización previa de Contraloría. El servicio informó que dejó sin efecto ese ajuste en agosto de 2026. Sin embargo, el organismo fiscalizador mantuvo la observación porque no se entregaron todos los antecedentes contables necesarios para individualizar y respaldar el valor de los bienes.
Diferencias en el inventario
Al comparar el inventario de 2021 con una revisión realizada en marzo de 2026, Contraloría detectó una diferencia de 22 bienes. El SSMS informó que nueve estaban en dependencias del Hospital Barros Luco, mientras que otros 13 seguían en proceso de búsqueda.
En una revisión adicional, cinco equipos —dos lavadoras y tres secadoras— no fueron encontrados inicialmente. Aunque una empresa de seguridad los restituyó posteriormente, el servicio no acreditó que su reincorporación hubiera quedado registrada correctamente en los antecedentes patrimoniales y contables.
Contraloría exige definir el destino de los bienes
El organismo fiscalizador instruyó al SSMS presentar, en un plazo de 60 días hábiles desde la recepción del informe, antecedentes que permitan definir el destino y uso de los 565 bienes asociados al hospital modular.
Además, exigió implementar procedimientos formales para mejorar el registro y control de los bienes transferidos entre organismos públicos.
Los hechos observados también deberán incorporarse al procedimiento disciplinario correspondiente. El servicio deberá acreditar ante Contraloría las medidas correctivas adoptadas.
