El abogado y exfiscal Carlos Gajardo abordó la polémica por las 56 rebajas de condena otorgadas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad y cuestionó el criterio del gobierno de José Antonio Kast para aprobar estas solicitudes. En ese sentido, sostuvo que la administración debiera rechazar los requerimientos y "dar la pelea en la Corte Suprema".
En un video publicado en su cuenta de Instagram, el exfiscal señaló que la Ley 19.856 establece un beneficio que permite a las personas condenadas reducir su pena, siempre que hayan mantenido una conducta sobresaliente durante su cumplimiento. La rebaja corresponde a dos meses por cada año de condena cumplido y a tres meses por cada año si ya se ha cumplido más de la mitad de la pena.
En 2022 se aprobó una ley que impide otorgar este beneficio a las personas condenadas por delitos de violación o abuso sexual contra menores de edad.
"A partir de esa fecha, cada vez que se solicitó este beneficio, el gobierno del presidente Boric rechazó el beneficio provocando que algunos de esos condenados fueran a la Corte Suprema y obtuvieran, mediante un recurso de amparo, que se hiciera inaplicable la nueva normativa a los hechos ocurridos antes del año 2022 por no ser retroactiva la ley penal", sostuvo.
No obstante, Gajardo afirmó que, a partir de marzo de 2026, el gobierno de José Antonio Kast comenzó a aprobar estas solicitudes de rebaja de pena, argumentando que la Corte Suprema ya había establecido un criterio al respecto.
"A mi juicio, esto es equivocado porque en Chile no tenemos sistemas de precedente y cada caso debe analizarse en su mérito. Además, diversos recursos de amparo fueron rechazados con nuevas integraciones de la Corte Suprema diciendo que este era un beneficio, pero no un derecho para un condenado", añadió.
En este contexto, el exfiscal sugirió que la actual administración recurra a los tribunales para defender la aplicación de la normativa y sostener que la ley no puede aplicarse retroactivamente.
"A mi juicio, el gobierno lo que debiera hacer es rechazar estas solicitudes y dar la pelea en la Corte Suprema. La Corte Suprema en muchas ocasiones, con mejores argumentos o con distintas integraciones, ha cambiado sus posturas y este es un caso en que creo que debiera hacerlo. El camino es pelear en los tribunales y me parece que una nueva ley no va a solucionar el problema", concluyó.
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