Este miércoles el abogado penalista Luis Hermosilla fue formalizado por el delito de tráfico de influencias en el caso Parque Capital.
La investigación de la Fiscalía sostiene que Hermosilla pidió acelerar procesos para la aprobación del proyecto Parque Capital, mientras era asesor jurídico del Ministerio del Interior durante el segundo mandato del Presidente Sebastián Piñera.
En ese mismo tiempo, Hermosilla también ejercía de manera privada y comenzaba a trabajar con Alvaro Jalaff, financista del proyecto Parque Capital.
“Entre 12 de marzo de 2018 y 10 de marzo de 2022, el imputado Luis Hermosilla Osorio, ejerció funciones públicas como abogado asesor del Ministerio del Interior, formando parte del gabinete del ministro, dentro de ese periodo Álvaro Jalaff Sanz, prometió el pago de UF45.000 al imputado, con el objeto que este realizara gestiones oficiosas a fin de conseguir la aprobación de tres IFC (informes favorables de construcción), para el proyecto industrial denominado Parque Capital, del cual Jalaff era socio”, señala la Fiscalía en la minuta de formalización.
“Así, durante los años 2020 y 2021 Luis Hermosilla Osorio, en su rol de funcionario público del Ministerio del Interior, y teniendo interés directo en el proyecto Parque Capital, ejerció influencias directas sobre los entonces ministro de vivienda Felipe Ward Edwards y SEREMI Metropolitano Manuel José Errázuriz Tagle, para la obtención de informes favorables de construcción a dicho proyecto por parte de la SEREMI Metropolitana, con este fin, sostuvo reuniones y se comunicó directamente con ellos de forma reiterada”, afirma.
La Fiscalía postuló que Hermosilla era funcionario público mientras intervino en favor del Parque Capital, por lo que se le imputa el delito de tráfico de influencias en calidad de autor, tipificado en el artículo 240 bus del Código Penal.
Durante la audiencia, al ser consultado por la jueza sobre si comprendió los delitos que el Ministerio Público le imputa, Luis Hermosilla dijo que sí, pero que estos son falsos.
“Los comprendo y el Ministerio Público miente severamente”, indicó.
Previo al inicio del trámite judicial, el abogado del Consejo de Defensa del Estado, Daniel Martorell, sostuvo que “una persona que está contratada, sea aún en un concepto de honorarios, en un ministerio como es el ministerio del Interior, desarrollando una función pública, claramente es un funcionario público a la luz del concepto que da el Código Penal”.
En tanto la defensa de Hermosilla insistió en que el abogado penalista no era funcionario público, y solicitó el sobreseimiento definitivo.
“Lo que nosotros vamos a sostener es que la Fiscalía está haciendo cosas indebidas y que ellos saben que no es funcionario público”, dijo Juan Pablo Hermosilla minutos antes de entrar a sala.
Durante la audiencia el fiscal Miguel Ángel Orellana, rebatió los argumentos de la defensa: "acabamos de escuchar al abogado Hermosilla naturalizar de manera vergonzosa el tráfico de influencias."
El fiscal Orellana también leyó extractos de declaraciones y chats de Hermosilla con distintas autoridades del Ministerio de Vivienda.
El tribunal estimó que la actividad del señor Hermosilla en calidad de asesor (...) es un ejercicio de una función pública, y que cumpliría el requisito del artículo 240 bis para sujeto activo.
La jueza indicó que Hermosilla haya utilizado su función publica de asesor del ministerio del Interior para acceder de manera más expedita a la autoridad del ministerio de la Vivienda, es a juicio del tribunal un mecanismo que se encuadra en el tráfico de influencias.
Por lo anterior, el tribunal rechazó el sobreseimiento definitivo solicitado por la defensa.
